Justicia venezolana sigue a opositores y no a criminales

Los jueces en Venezuela están seriamente comprometidos en la represión de las protestas antigubernamentales, mientras la tasa de criminalidad sigue siendo de las más altas del mundo, según el informe de la Comisión Internacional de Juristas (CIJ), publicado ayer. El Poder Judicial de ese país se ha declarado públicamente alineado con el chavismo.

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GINEBRA (AFP).La independencia judicial en el país latinoamericano “está seriamente amenazada” y eso afecta las posibilidades de democracia real y el Estado de derecho, informó la organización con sede en Ginebra.

En Venezuela se produjeron 15.000 homicidios el año pasado, y el 90% de los delitos quedan impunes, pero el Ministerio Público y los jueces han concentrado sus esfuerzos en detener a miles de opositores en los últimos meses, denuncia el informe.

“El incumplimiento con la propia normativa interna ha configurado un Ministerio Público sin garantías de independencia e imparcialidad de los demás poderes públicos y de los actores políticos”.

“La mayoría de los jueces son ‘provisionales’ y vulnerables a presiones políticas externas, ya que son de libre nombramiento y de remoción discrecional por una Comisión Judicial del propio TSJ, la cual, a su vez, tiene una marcada tendencia partidista”, explicó el texto.

“Venezuela es en la actualidad una especie de laboratorio de las consecuencias de una falta de sistema judicial fiable”, añadió Pedro Nikken, miembro honorario del CIJ.

Ya antes de las protestas que arrancaron en febrero en las calles venezolanas, más de 4.000 opositores tenían causas judiciales pendientes.

El informe se detiene en especial en el caso de la juez María Afiuni, encarcelada en 2009 tras acusaciones en su contra formuladas en público por el entonces presidente Hugo Chávez.

Afiuni fue violada en la cárcel y su caso “ocasionó el llamado ‘efecto Afiuni’ con consecuencias inhibitorias y de incluso autocensura, en el resto de la judicatura venezolana”, explicó el texto.

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