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El exmandatario enfrenta un proceso por supuesto lavado de activos (dinero) que ascienden a 1,5 millones de dólares supuestamente enviados desde Brasil y Venezuela para su campaña electoral de 2006 y 2011, que no fueron declarados.
En ambos casos Humala fue candidato por el partido Nacionalista, que fundó con su esposa Nadine Heredia, también investigada en la causa.
La tesis de la fiscalía peruana es que el dinero ilegal de Venezuela habría provenido del tesoro público de ese país durante el gobierno de Hugo Chávez, en tanto que en el caso de Brasil su origen estaría en las empresas Odebrecht y OAS.
La justicia peruana sanciona el delito de lavado de activos con penas que varían entre 8 a 15 años de prisión.
Humala llegó al poder en julio de 2011 prometiendo colocar en un burro y pasear en plazas públicas al funcionario que fuera sorprendido en actos de corrupción.