Analizan legalidad de pedido de Diputados respecto a fiscales

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, duda de la legalidad del pedido de la Cámara de Diputados sobre la correspondencia de bienes de los fiscales anticorrupción. En consecuencia, solicitó a la asesoría jurídica que dictamine sobre la iniciativa de los legisladores.

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El titular del Ministerio Público analiza la legalidad del pedido de los Diputados a la Contraloría, con respecto a la correspondencia de los ingresos y egresos de los fiscales anticorrupción.

Los legisladores de la Cámara Baja, en una sesión ordinaria, resolvieron solicitar informes a Contraloría.

En el Ministerio Público se cree que los informes solo pueden ser solicitados dentro de una causa penal abierta por los fiscales, en la cual se tienen que detallar los presuntos autores y los hechos punibles, que serían indagados.

Díaz Verón esperará el resultado del análisis de la asesoría jurídica, para contestar el requerimiento del contralor general, Óscar Rubén Velázquez, quien exigió que en un plazo de cinco días se remitan los documentos que guardan relación con datos, cargos, funciones de “todo el personal asignado a prestar servicios en la Unidad Especializada.

La CGR pidió que se especifiquen todos los ingresos percibidos por los agentes y sus funcionarios, detallando los descuentos que les fueran efectuados durante el mismo tiempo (5 años).

A principios de este mes, la Cámara Baja dispuso una investigación a los 12 fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, en una clara vendetta por procesos abiertos por presuntos “negociados” de legisladores.

Entre ellos están los senadores Carlos Filizzola (Frente Guasu), Víctor Bogado (colorado) y Enzo Cardozo (liberal); los diputados Milciades Duré (PLRA), Édgar Acosta (PLRA) y Óscar Venancio Núñez (ANR), además del parlasuriano Enmanuel Friedmann. Asimismo, hay más de veinte políticos indagados por supuesto daño de US$ 149 millones, que aún no fueron imputados.

Los diputados establecieron que la Contraloría realice un examen de correspondencia patrimonial de bienes de todos los fiscales anticorrupción, sus auxiliares y demás funcionarios de la Unidad Especializada.

A su vez, enviaron oficios a 25 entes que deben responder respecto a los bienes de los agentes. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda debe informar sobre declaraciones juradas del IVA, impuesto a la renta personal u otro impuesto; la Dirección General de Registros Públicos sobre la titularidad de bienes inmuebles; la Dirección del Automotor sobre automotores, aeronaves y buques inscriptos; la Dirección General de Registro Público de Comercio sobre la constitución de sociedades anónimas; Senacsa sobre registro de vacunos o semovientes. Así también, deberán presentar informes el Banco Central, ANDE, Migraciones, entre otros.

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