Auditan la gestión de criticados fiscales denunciados por abogados

El fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, dispuso sumario y auditorías de todas las causas en las que están involucrados los fiscales que tienen lujosas residencias en Ciudad del Este. Están en la mira las causas por exposición al peligro en el tránsito terrestre, ya que se habrían beneficiado con casos de alcotest.

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El titular del Ministerio Público indicó que mañana dictará la resolución de investigación preliminar con base en publicaciones periodísticas, debido a que no se presentó denuncia penal por enriquecimiento ilícito.

Díaz Verón dejará el trabajo a cargo del inspector general Eulalio Ramírez. Este debe auditar todos los procesos en los que intervinieron los fiscales Liz Carolina Alfonso, Édgar Torales, Carolina Gadea, Nilda Cáceres y Arminda Rivas, quienes poseen residencias lujosas, no acordes con sus ingresos salariales.

Sobre todo, Ramírez debe prestar específica atención a los casos de exposición al peligro en el tránsito terrestre, derivados del alcotest en las rutas, ya que se imponen donaciones millonarias, en la misma sede del Ministerio Público.

También, el inspector general auditará los procesos donde la Fiscalía haya solicitado condena abreviada y suspensión condicional del procedimiento a prueba. Las causas de lavado de dinero y narcotráfico están en la mira.

Los agentes del Ministerio Público fueron denunciados por letrados del Colegio de Abogados de Alto Paraná ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Tanto los citados fiscales como los jueces Miguel Trinidad, Norma Gamarra y Wilfrido Velázquez, llevan una vida no acorde a sus niveles salariales, con mansiones en el mismo Paraná Country Club.

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