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Fiscales de la Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público presentaron cinco imputaciones, pero en todas las causas pidieron la aplicación de medidas alternativas a la prisión por el tipo penal de lesión de confianza y en algunos casos, de estafa y tentativa de estafa.
La primera imputación de Ortigoza tiene que ver con la compra de tierras de la firma San Agustín SA, ligada al senador Jorge Oviedo Matto, cuyo padre es uno de los accionistas.
En esta causa, a cargo del juez Rubén Riquelme, también están procesados el exconsejero Justo Gamarra, la escribana Martha Roa, los peritos Víctor Luis Blanco Samudio y Mario Echeverría y el administrador Arnaldo Jara.
Según los antecedentes, el 27 de mazo de 2013, el Indert pagó G. 46.884.846.163 por la propiedad de 5.700 hectáreas, ubicada en Cordillera, cuyo costo total quedó pactado en unos G. 60.000 millones. Según la fiscalía, el inmueble vale poco más de G. 1.000 millones. Hasta ahora no se puede realizar la preliminar por chicanas.
En otro proceso, el extitular del Indert fue imputado por un supuesto perjuicio de G. 14.144.795.000, por la adjudicación ilegal de tierras en el Chaco. Tiene que ver con doce lotes fiscales con una superficie aproximada de 48.000 hectáreas, ubicados en la colonia Pablo Lagerenza del distrito de Bahía Negra, departamento de Alto Paraguay. Todavía no concluyó el plazo de investigación de la Fiscalía.
A su vez, Ortigoza fue imputado por vender tierras de la Reserva del Mbaracayú, propiedad de la entidad Itaipú Binacional. Este caso está pendiente de presentación de requerimiento conclusivo de la Fiscalía, cuyo plazo vence este martes.
Hace unos días, el extitular del Indert sumó otras dos causas a su haber. Una es por tentativa de estafa, por haber adjudicado a un árabe un lote de 10 hectáreas, que resultó ser un aeropuerto de Capitán Bado. Ali Hatem pagó apenas el monto de G. 5.119.323 por la propiedad que está situada a metros de la frontera.
La quinta imputación se presentó la semana pasada. Esta vez, el perjuicio asciende a G. 1.185.080.000, porque adjudicó 4.000 hectáreas en el Chaco, que tenían un valor de G. 1.312.330.000 y solo se abonó G. 127.250.000.