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Mientras tanto, esta causa sigue a cargo de las fiscalas Alba Delvalle y Claudia Criscioni, ambas de la unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, al igual que Arregui y Fernández.
La recusación fue promovida por Rodolfo Julián Bernadet, exdirector de la Penitenciaría Regional de Pedro Juan Caballero.
El funcionario está procesado por cohecho pasivo agravado (coima) y lesión de confianza en grado de coautoría.
Bernadet cuestionó el trato que le dio a la fiscalía una declaración testifical en este caso.
Sin embargo, para Arregui eso no constituye un argumento suficiente para apartar a un fiscal de una causa.
El Ministerio Público tiene tiempo para acusar hasta el 17 de noviembre.
Este es el punto que preocupa a la defensa, que quiere evitar que el caso vaya a una acusación, con pedido de juicio oral y público
Los procesados son los propietarios de las empresas proveedoras, Nancy Lucina Godoy y Raúl Alberto Rodríguez, por lesión de confianza.
Además de Bernadet, fueron imputados por cohecho pasivo agravado (coima) y lesión de confianza en grado de coautoría Óscar Escobar Guerreño, funcionario del Ejército Paraguayo; Óscar Antonio Pérez, funcionario de la Intendencia del Ejército, y Wilfrido Rubén Candia, jefe de la Unidad Operativa de Contrataciones de la Industria Nacional del Cemento (INC).
“La investigación de la fiscalía reveló que las firmas solo proveían el 40 por ciento de las mercaderías adjudicadas. Sin embargo, los funcionarios involucrados certificaban (a cambio de coima), que se entregaba el 100% de los productos”, dice la imputación.
Las instituciones públicas involucradas son Tropas Especiales, 5ª División de Infantería, Cominge, Dirección de Servicios de Intendencia del Ejército (Diserinte), Dirección Geográfica Militar (Disergemil), Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), Liceo Militar Acosta Ñu, Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Justicia y Trabajo (MJT), Industria Nacional del Cemento (INC) y la Cámara de Diputados.
“Los indicios colectados permiten sospechar que la modalidad montada por ambas distribuidoras para ganar estas licitaciones consistió en pactar con los administradores de turno un porcentaje en concepto de coima”, refiere la imputación.
Se habla de que en la causa existen fuertes injerencias de los poderes político y económico. Incluso habría parlamentario que brindan protección a proveedores.
Un esquema para robar
La sospecha que originó la apertura de la causa penal radica en que se montó todo un esquema para robar al Estado paraguayo por parte de proveedores, en complicidad con funcionarios.
“Hay elementos de sospechas de que las dos distribuidoras solo entregaban el 40% de los insumos que eran objeto de la licitación y que se quedaban con el 60%”, dice parte de la imputación.
Añade que “la modalidad era proveer solo parte de lo licitado, pese al pago del 100 por ciento por parte de las instituciones del Estado”.
En la imputación penal quedó evidenciada la modalidad del pago de coimas para ganar licitaciones. Además, los proveedores, en la mayoría de los casos, no entregaban las mercaderías y se habrían inventado documentos para justificar esto.