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Ortigoza y Roa a través del abogado Álvaro Arias recurrieron ante la Sala Constitucional de la Corte el rechazo del pedido de nulidad del acta de imputación, que había sido conformado la Cámara de Apelaciones.
El juez Rubén Riquelme fijó para el martes 13 de agosto la audiencia de imposición de medidas para Ortigoza y para la escribana Roa.
Sin embargo, la defensa repuso la fijación de esta diligencia con la excusa de que existe una inconstitucionalidad en la Corte.
Los dos técnicos del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) Mario Echeverría y Víctor Luis Blanco, imputados por el dictamen pericial que establecía la avaluación de G. 60.000 millones por las tierras de la firma San Agustín SA, deben concurrir al juzgado para la audiencia de imposición de medidas el lunes 12 de agosto, a partir de las 8:30.
El abogado José Fernández Zacur, representante legal de Echeverría y Blanco, igualmente había planteado la nulidad del acta de imputación de la fiscala Victoria Acuña.
El defensor alegó que la agente de Delitos Económicos no especificó la conducta penal atribuida a sus defendidos, e hizo hincapié en que los dictámenes que esgrimieron no eran “vinculantes”, por lo que no se produce la lesión de confianza en grado de complicidad.
Según la imputación, el 4 de diciembre de 2012 los funcionarios del MOPC Roque Fleitas, Édgar Sotomayor y Luis Quesnel informaron que las propiedades ofrecidas tenían un valor de G. 30.424.264.730.
Sin embargo, el 19 de diciembre los peritos Echeverría y Blanco, del departamento de Avalúo oficial de la Dirección de Obras Públicas del MOPC, presentaron un informe en el cual dicen que las fincas 95.104 y 183 tienen un valor de G. 60.294 millones.
Con medidas
Los únicos imputados que cuentan con medidas alternativas a la prisión dictadas por Riquelme son el contador Arnaldo Jara, administrador de la firma San Agustín SA, Milciades Duré y Justo Gamarra, de la Junta Asesora del Indert.
“Salpican” a Oviedo Matto
De los G. 60.000 millones fijado como precio del inmueble, el Indert desembolsó G. 47.000 millones por la compra irregular de tierras que habrían sido sobrevaluadas. El “negociado” salpica al senador oviedista Jorge Oviedo Matto, en un acuerdo con el PLRA.