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La agente de Delitos Económicos imputó a Elba Tomasa Centurión de Riveros, por lavado de dinero, ya que existen sospechas de que junto a su esposo, Silvio Riveros, adquirió el inmueble ubicado en Fernando de la Mora, con dinero que debía ser destinado a agricultores.
Además, Criscioni imputó a Eligio Daniel Centurión Samaniego, socio gerente de la empresa Imagen y Sonido, quien depositó en su cuenta nada menos que G. 1.000 millones, de un cheque al portador expedido por Silvio César Riveros Morínigo e Ignacio Acuña, extitulares de la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas (Fenaprofhp).
En el primer caso, la investigadora alega que Elba Tomasa y el propio Silvio Riveros, representantes de la firma “Hogar Center SA”, compraron seis lotes ubicados en la ciudad de Fernando de la Mora, con dinero del MAG. En total, desembolsaron US$ 330 mil, unos G. 1.485 millones.
Esto es así, teniendo en cuenta que el inmueble fue pagado con el cheque administrativo N° 9242244 correspondiente a la Cta. Cta. Nº 25890101/6 cargo banco Itaú del 24 de enero de 2013, librado a favor de la Asociación de las Religiosas de la Sagrada Familia de Burdeos, solicitado por la misma Elva Tomasa Centurión.
La hoy imputada pidió, el 24 de enero de 2013, que los fondos sean debitados de la Cta. Cte. Nº 30012607/7, perteneciente a Silvio Riveros, Elva Tomasa Centurión y Silvana Riveros Centurión. Esta cuenta, sin embargo, tenía antes un movimiento de poco más de G. 34 millones.
“Con relación al estado contable de Hogar Center SA, se puede apreciar que la firma no posee cuenta corriente en ningún banco de plaza, a pesar de que refiere montos muy altos”, indicó también la fiscala.
Criscioni solicitó el embargo del inmueble que ahora aparece a nombre de la firma Hogar Center SA.
Con relación a Eligio Daniel Centurión, el Ministerio Público indica que intentó justificar el cobro de G. 1.000 millones del cheque librado al portador por Riveros y Acuña, y tras un relevamiento de datos, se confirmó la presentación de facturas fraguadas “para justificar la compra de mercaderías, que a su vez le fueron supuestamente vendidas a la firma Local SA”.
La agente del Ministerio Público solicitó al magistrado Gustavo Amarilla medidas alternativas para los dos imputados, entre ellas, la prohibición de salir del país, fianza personal o real en proporción al daño, comparecencia mensual y prohibición de comunicarse entre sí.
Cinco hechos punibles
Los hechos punibles atribuidos a los dos nuevos procesados, Elba de Riveros y Eligio Centurión, en el caso MAG son lavado de dinero, lesión de confianza, obstrucción a la restitución de bienes, reducción y producción de documentos no auténticos.
En este proceso se investiga un desvío de G. 68.000 millones que debían ser destinados a programas del Ministerio de Agricultura y Ganadería en las administraciones de Enzo Cardozo y Rody Godoy. De este faltante en el Ministerio de Agricultura y Ganadería unos G. 52.000 millones corresponden al Fonacide.
La fecha de presentación de requerimiento conclusivo es el 6 de setiembre de este año.