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Los imputados Valdir Tenutti, Cristian Larroza, Juan Rolón Servián, Durga Prasssad Bhanwarl, Ilo Antonio Oliveira, Nancy Giménez Alvarenga, Édgar Candia González, Ángel Ignacio Núñez, Amado Ramón Cardozo Vega, Cristóbal Darío Mendoza, María Graciela Villalba Pereira y Alberto Enrique Da Silva Bartels formarían parte de una asociación de personas dedicadas a blanquear capitales, que se presumen provendrían de actividades relacionadas al narcotráfico, contrabando y comercialización de productos falsificados, dice una parte de la imputación firmada por los fiscales Juliana Giménez, Carlos Giménez, Nilda Cáceres, Marcelo García de Zúñiga, Zunilda Martínez y Fátima Burró.
El dinero sucio se introducía al sistema financiero a través de entidades bancarias de Ciudad del Este, mediante la apertura de cuentas corrientes o cajas de ahorro a nombre de empresas que se presume serían de portafolio y que habrían sido manejadas por los imputados.
A las cuentas ingresaban sumas de dinero bajo modalidades diferentes, depósitos en cuenta de dinero en efectivo y cheques de terceros, operaciones de cambios (reales-guaraníes-dólares), operaciones de arbitraje (reales-dólares), para posteriormente ser remesadas casi en su totalidad a países como Estados Unidos, Panamá, Chile, Pakistán, Afganistán, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, República Popular de China, Corea del Norte, entre otros, y que supuestamente se destinaban para pago a proveedores de mercaderías, dice el escrito.
Primera imputación
En diciembre del año pasado el Ministerio Público había imputado a un grupo de diez personas, entre las cuales figuran Felipe Ramón Duarte y Tai Wu Tung, prófugos de la justicia. El primero es sindicado como creador de las firmas ficticias y el oriental era el gerente de la casa de cambios Forex, de Ciudad del Este, de donde se incautaron varios documentos que sirven de sustento para las dos imputaciones de la fiscalía.
El Banco Central del Paraguay sancionó a los bancos Sudameris, Regional, BBVA y Continental, a través de los cuales las empresas de portafolio remesaron en el 2011 más de 370 millones de dólares. Las operaciones no se reportaron a Seprelad.
EXISTE PELIGRO DE FUGA
Para el Ministerio Público hay elementos de convicción suficientes sobre la existencia de hechos punibles y resalta que los actos cometidos son graves, que tienen una expectativa de pena de hasta diez años de penitenciaría.
Para sustentar el pedido de prisión preventiva, los agentes alegan la falta de arraigo de los imputados. “En la causa no se ha acreditado el arraigo de los procesados...”, puntualizan los investigadores.
También alegan que existe peligro de fuga y de obstrucción a la investigación.
Los fiscales enfatizan que se reúnen todos los elementos para decretar la prisión preventiva de cada uno de los imputados.