Fiscalía pretende recuperar montos millonarios desviados en gobernación

La Unidad de Delitos Económicos del Ministerio Público está detrás de los bienes de los funcionarios imputados junto al exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio Núñez, por la “tragada” de G. 905 millones del programa ayuda social y de G. 7.189 millones efectivizados a través de cheques que no poseen la documentación respaldatoria respectiva.

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Cabrera había pedido el embargo de la coqueta casa de San Bernardino de Félix Humberto Argüello Rojas, funcionario de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), ligado al “clan Núñez”.

Argüello tendría un salario de solo G. 4 millones y medio, pero adquirió el nada despreciable chalet ubicado en la balnearia ciudad por G. 30 millones, según una escritura de transferencia realizada por la escribana Mabel Morán Fernández, el 6 de setiembre de 2011. Supuestamente el inmueble tendría un valor de US$ 100.000.

El fiscal de Delitos Económicos también busca saber las cuentas bancarias de once imputados.

De esta forma, solicitó a la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay que en el marco de la causa N° 30/14 caratulada “Óscar Venancio Núñez y otros s/ lesión de confianza”, circularice a las instituciones de intermediación financiera que operan en el mercado.

Específicamente, pide que se informe “si las personas poseen cuentas o productos en sus activos y pasivos, y además servicios ofrecidos por las instituciones mencionadas como ser valores en custodia, copias de seguridad, ya sean estos cuentas o servicios vigentes o cancelados de los últimos 10 años”. A su vez, solicita copia autenticada de los formularios y documentos respaldatorios de esas operaciones.

El pedido afecta a Nancy Genoveva Núñez de Rousillón, Edulfo Verón Recalde, Víctor Ramón Arce Núñez, Édgar Damián Pérez Gallardo, Raquel Concepción Astigarraga, Nathalia Soledad Gómez Barrios, Félix Humberto Argüello Rojas, Rubén Antonio Rousillón Blaires, Raúl Ernesto Delgado Torres, Ulises Pascottini Espínola y Jacinto Ferreira Ozuna.

En la solicitud no fue incluido el exgobernador y actual diputado colorado, Óscar Núñez, quien hace unos días fue desaforado.

Asimismo, el Ministerio Público ofició a los Registros Públicos que informe sobre los inmuebles que poseen a su nombre los procesados.

En este caso el proceso fue abierto por la desaparición de G. 905 millones, que debían ser destinados a ayuda social, ayuda a indígenas y emergencia declarada en el Chaco. De forma alevosa, se intentó justificar el faltante con facturas fraguadas.

G. 7.189 millones

En una ampliación de imputación, el fiscal Martín Cabrera incluyó al exgobernador de Presidente Hayes y sucesor de Óscar Núñez, Emigdio Benítez, por el supuesto perjuicio de G. 7.189 millones con cheques que no poseen documentación respaldatoria, en 2013. Funcionarios ligados al “clan Núñez” fueron nuevamente claves para el desfalco del millonario monto.

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