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La obligación constitucional del Ministerio Público es defender los intereses de la sociedad. Sin embargo, los fiscales ignoran lo que dice la Constitución para “cocinar” casos en los que están involucradas personas con poder político o económico.
El 29 de enero pasado, los fiscales Federico Delfino y Francisco Ayala, solicitaron la desestimación de la denuncia por tráfico de armas y municiones, que fueron importadas por la empresa Comtecpar a nombre de la Corte, pero que eran comercializadas en negocios particulares de Asunción.
El negociado salió a luz cuando se descubrió que en la casa comercial Yamgo, de Asunción, se vendían municiones 5.56, que fueron importadas a nombre de la Corte y que se deberían usar en forma exclusiva para la seguridad de los ministros.
Los antecedentes revelan que la Corte, en el 2010, adjudicó a Comtecpar la provisión de 3.000 balas 5.56 y 15 fusiles, entre otros materiales bélicos, por un total de más de G. 700 millones.
Sin embargo, la firma importó 12.500 balas y 20 fusiles de asalto. Es decir, 9.500 municiones más y 5 fusiles más que lo que el adjudicó el alto tribunal.
Según el pedido de desestimación de los fiscales, León obtuvo la autorización del Registro Nacional de Armas, a cargo del teniente coronel Óscar Villagra, para comercializar las municiones y fusiles, por que la Corte informó que ya no iba a adquirir las balas por falta de presupuesto.
A su vez, la Dimabel se basó en una nota de la directora de la Unidad Operativa de Contrataciones del Poder Judicial, Fátima Insfrán, quien firmó un documento en el que declaró que la Corte sería la destinataria final de las 12.500 balas y los 20 fusiles de asalto.
Insfrán tiene mucho que explicar en este punto, pero ella solo se limitó a decir que no sabe si la firma que aparece en el documento es o no suya.
Los fiscales, sugestivamente no determinaron, si la Dimabel, para autorizar la importación tenía que tener a la vista el contrato de adjudicación de la Corte o solo el documento de la Unidad de Contrataciones.
Este fue el modo de operar, no solo en lo que respecta a la provisión a la Corte, sino a los demás órganos del Estado.
Comtecpar proveía armas, municiones y otros materiales bélicos para la Policía Nacional, los Ministerios de Defensa, Justicia y Trabajo e Interior.
La mayor cantidad de armamento fue para las Fuerzas Armadas.
Pese a la existencia de indicios de un feroz negociado con las armas y municiones, importadas a nombre de los órganos del Estado, el Ministerio Público solicitó la desestimación de la denuncia. Además, ignoró la gravedad del hecho.
El tráfico de armas perjudica la imagen del país a nivel internacional. Paraguay aparece en la ruta del tráfico de armas.
La Policía brasileña había revelado que un alto porcentaje de las armas incautadas de los narcos proviene de Bolivia y nuestro país.
Atendiendo todos estos antecedentes, el Ministerio Público debió indagar a fondo el caso y no cerrar rápidamente la causa, con un débil argumento.
NEGOCIADO NO SE INDAGÓ A FONDO
LOS FISCALES HICIERON UNA INVESTIGACIÓN SUPERFICIAL DEL PRESUNTO NEGOCIADO Y CON DÉBIL ARGUMENTO SOLICITARON LA DESESTIMACIÓN DE LA DENUNCIA. AHORA, EL JURADO DE ENJUICIAMIENTO ANALIZARÁ LA CONDUCTA DE LOS AGENTES QUE INTERVINIERON EN EL CASO.
DICEN QUE NO HAY HECHO PUNIBLE
EL MINISTERIO PÚBLICO CONCLUYO QUE NO EXISTE HECHO PUNIBLE Y QUE LA CUESTIÓN DEBE SER DEBATIDA EN EL FUERO CIVIL, ATENDIENDO QUE EL PROBLEMA ES ENTRE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA, CARLOS LEÓN Y RUBÉN GONZÁLEZ, QUE YA MANTIENEN UN LARGO PLEITO JUDICIAL