Recta final en juicio oral por compra innecesaria de drogas contra cáncer

El martes se conocerá la sentencia en el juicio oral que afrontan dos responsables de la compra innecesaria de medicamentos contra el cáncer, según el Ministerio Público. La adquisición se hizo en el Instituto Nacional del Cáncer, por G. 5.000 millones. Las defensas pretenden utilizar acuerdos alcanzados con farmacéuticas para intentar deslindar la responsabilidad de los acusados.

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El tribunal de sentencia integrado por los jueces Manuel Aguirre, Lizza Battilana y Lourdes Peña convocó a las partes para el martes 22, a las 8:30, para la prosecución del juzgamiento.

Están acusados por lesión de confianza José María Ruiz Díaz Benítez, exdirector general de Gestión de Insumos Estratégicos, y el abogado Federico Fabián Gill Ramírez, exdirector administrativo del Ministerio de Salud Pública bajo la administración de Esperanza Martínez.

El juzgamiento se reanudará con la parte final de las documentales y después se pasará a alegatos finales de las partes, según explicó el fiscal de Delitos Económicos José Dos Santos, quien indicó que ese día se estaría dictando sentencia.

Según el investigador, el 10 de noviembre del 2011 y el 14 de diciembre del 2011 Ruiz Díaz y Gill emitieron órdenes de compra de medicamentos oncológicos a pesar de que los depósitos del Instituto Nacional del Cáncer estaban llenos en ese entonces. Los pedidos debían realizarse con un previo pedido del Instituto del Cáncer, hecho que no ocurrió.

Además, como los contratos tenían la particularidad de ser “abiertos”, la compra de las partidas de drogas correspondientes al 50% del total contratado estaba supeditada a la necesidad real de dichos medicamentos, según la acusación penal.

A esto se suma el hecho de que tras la recepción de los medicamentos en el depósito del Parque Sanitario San Antonio y en el Instituto Nacional del Cáncer, estos fueron venciendo periódicamente.

Es debido a esto último por lo que la Fiscalía sostiene que el perjuicio patrimonial al Estado se generó en la emisión de órdenes de compra de los acusados.

Dos Santos refirió que si bien existen acuerdos a los que arribaron dos empresas proveedoras, Farmacéutica Paraguaya SA (Fapasa) y Laboratorio Fusa SA, con el Ministerio de Salud, esto no puede ser tenido como un “resarcimiento” de los procesados para una eventual extinción de la causa por reparación del daño.

Ruiz Díaz está representado por los abogados Óscar Germán Latorre y Jazmín Britos, mientras que Federico Gill tiene como defensor particular a Juan Köhn Gallardo.

Medicamentos vencidos

El fiscal José dos Santos habla de compras de medicamentos innecesarios por valor de G. 5.000 millones para el Instituto Nacional del Cáncer y un perjuicio real de G. 1.118.453.778 del lote de drogas que fueron venciendo por stock sobrante.

Si bien se llegaron a colocar algunos medicamentos a tiempo en diferentes nosocomios, el perjuicio fue causado. Además, el Ministerio de Salud llegó a un acuerdo en 2013 con la farmacéutica Fusa, que accedió a realizar un canje de una partida de las drogas que ya vencieron. También con Fapasa llegó a un acuerdo y la empresa citada le otorgó una quita de G. 1.387.038.794, pero el Estado debe pagarle aún más de G. 2.500 millones.

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