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Tras la gestión ante la Codeni, que cuenta con antecedentes de violencia familiar, entre otros de la familia desde el 2014 –los que según la fiscala Soledad González nunca les fueron remitidos– el matrimonio quedó a cargo de la niña, con una autorización firmada por los padres ante la Codeni.
En la misma, los padres se comprometían a visitar a la niña mensualmente. Horas después, los padres llevaron a la niña.
Inexplicablemente, los padres denunciaron al matrimonio ante la comisaría supuestamente por presionarla para entregar a la niña. En su declaración ante la Fiscalía, la madre se contradijo, al admitir que entregó a la niña voluntariamente.
La Fiscalía tomó cartas en el asunto tras la intervención del propio ministro de la Niñez y Adolescencia, Ricardo González. Finalmente, la criatura quedó a cargo de una vecina de su familia, sin que exista una restricción que impida el acercamiento de los supuestos agresores.