Las noticias en la última semana sobre la incautación por parte de agentes federales de registros telefónicos de la agencia de noticias Associated Press (AP) y de que el servicio de impuestos internos se había concentrado en grupos conservadores del Tea Party intensificaron las críticas que ya hervían debido a su promesa incumplida de cerrar la cárcel Guantánamo y por ataques con drones (aeronaves no tripuladas) en el exterior.
Al ser consultado el martes en una conferencia de prensa sobre por qué el Gobierno no ha hecho más por las libertades civiles, el fiscal general Eric Holder dijo: “Estoy orgulloso de lo que hemos hecho” y enfatizó el cambio desde las duras prácticas de interrogatorios de la era George W. Bush a sospechosos de terrorismo.
Cuando asumió su primer mandato en 2009, Obama prometió que cerraría la cárcel Guantánamo para sospechosos extranjeros de terrorismo, pero este sigue abierto con 166 reclusos, muchos de ellos en huelga de hambre en protesta por detenciones indefinidas.
Otro escándalo que salpicó a EE.UU. fue la detención en Moscú de un funcionario diplomático por presuntas actividades de espionaje. En poder del detenido, Ryan C. Fogle, fueron incautados elementos para cambiar de apariencia y mucho dinero, que iba a ser destinado presuntamente a reclutar a un agente ruso.
Además, el Gobierno ha defendido sus ataques aéreos con aeronaves no tripuladas en el extranjero y ha dicho que son esenciales para la lucha contra el terrorismo.
El martes, Holder justificó la toma de los registros de los periodistas y dijo que era parte de la investigación de una filtración que calificó de “muy, muy seria”.
Un funcionario dijo que la investigación está relacionada a información contenida en un reporte de AP de mayo del 2012 sobre un plan de Al Qaeda en Yemen.
Pero el director del centro para la política de la Universidad de Virginia, Larry Sabato, se mostró más optimista: “Comparado con presidentes anteriores, aún estamos en la liga de los abusos menores”.