El exdiputado y expresidente del Congreso de aquel país centroamericano, Pedro Muadi Menéndez, hace unas semanas fue condenado a nada menos que 30 años y 8 meses de cárcel por un delito que habitualmente también cometen varios “dirigentes” de nuestro país: Robar el dinero del pueblo mediante la contratación de funcionarios o su simulación, para quedarse con el salario que les correspondería o para pagarles sueldos por hacerles trabajos privados.
El Tribunal Octavo de Sentencia de aquella pequeña nación centroamericana sentenció a Menéndez por los delitos de lavado de dinero, asociación ilícita y peculado por sustracción. El informe dice que cuando el político ocupaba la presidencia del Parlamento guatemalteco en 2013, utilizó una de sus empresas para gestionar la contratación de casi 30 personas en el Congreso pero que en realidad solo fue una trama, fehacientemente comprobada por la pesquisa, para quedarse con el dinero que el Estado pagaba por aquellas como salario hasta el 2015.
Esa “autoridad” hurtó del erario de su país unos 500.000 dólares, equivalentes ahora a alrededor de G. 3.250 millones, que ingresaban a las cuentas bancarias de una empresa de su propiedad. Esa cifra es incluso menor a la de numerosos robos cometidos en ministerios, gobernaciones, municipalidades y otros organismos paraguayos, cuyos autores no están en prisión.
Varios grupos de ciudadanos y todavía pocos políticos y funcionarios realizan acciones en busca de que aquello cambie. Por ejemplo, una fiscala de Ciudad del Este (Estela Mary Ramírez) entregó a un diputado (Jorge Brítez) un proyecto que de convertirse en ley establecerá más años de cárcel para quienes cometieran actos de corrupción desde la función pública.
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En la normativa vigente la pena de prisión máxima para los delincuentes que se apropian del dinero estatal es de solamente cinco años, pero en la propuesta señalada se eleva la sanción hasta 15 años de reclusión. Sin embargo, esos son pocos años aún, considerando que la corrupción también es causante de muertes, es un delito grave equiparable a asesinato.
Esperemos entonces que los congresistas apuren la aprobación del citado plan de ley, pero con una modificación: que el castigo sea hasta 31 años de encierro, como en Guatemala.