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Petta manifestó que la Fiscalía debe informar sobre cuestiones administrativas (presupuesto, cantidad de funcionarios, etc.) y causas finiquitadas. A modo de ejemplo, dijo que la Cámara de Diputados acusó al contralor Óscar Rubén Velázquez (Unace) y a la subcontralora Nancy Torreblanca (PLRA), con base en los informes solicitados a la Fiscalía. Pero hoy ya no es posible porque la Corte Suprema de Justicia le dio la razón a la Fiscalía y dejó sin efecto la Ley 5453/2015 que reglamenta el Art. 192 de la Constitución sobre el pedido de informes. Es decir, el Congreso no le puede pedir ningún tipo de informes ahora al Ministerio Público.
Cuestionó que el fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, desconoce su propia ley orgánica, porque debe informar.