Cargando...
El Ministerio Público actúa en abierta complicidad en el despojo de la propiedad de la familia Eisen.
Los fiscales Alfredo Báez Pedotti y Héctor Garay Gaona ni siquiera se preocupan por guardar las apariencias: ambos fueron recusados, pero siguen siendo parte del proceso de lavado de dinero montado en contra de los Eisen.
El fiscal adjunto Edward Irala actúa como soporte en una situación irregular. Tanto Héctor Garay Gaona como Alfredo Báez Pedotti debieron retirarse de la causa, pero la fiscalía adjunta tolera que sigan manejando el expediente estando recusados.
El Ministerio Público inició una investigación de supuesto lavado de dinero acusando a Vilmar, Irene y Joel Eisen de responsabilidad en el delito.
La acusación fue presentada por Juan Eudes Afara y Luis Aníbal Schupp. La carpeta fiscal incluyó solo la denuncia de Schupp en procura de dejar fuera del caso al Vicepresidente de la República.
Acoso judicial
La familia Eisen es víctima de acoso judicial. El objetivo es claro: obligarle a abandonar la propiedad de 1.742 hectáreas ubicada en el distrito de Mayor Otaño.
No se puede cuestionar el título de propiedad: está inscripto en el registro público, dispone de cuenta catastral y la mensura judicial fue aprobada por el Ministerio de Obras Públicas.
Es un documento absolutamente legal.
Ante la imposibilidad de cuestionar la legitimidad del título de propiedad, el Ministerio Público inició el acoso en procura de obligarles a abandonar la finca. La maniobra es claramente extorsiva.
La propiedad fue adquirida en 10 millones de dólares. El propietario, Karl Anton Haussler, estableció el pago en 10 cuotas iguales, es decir, se paga la tierra produciendo.
Los Eisen no pagaron 10 millones de dólares en efectivo y tampoco disponen de este dinero.
Los fiscales parten del supuesto de que el pago en cuotas es resultado de lavado de dinero.
Pagar en cuotas convirtió en sospechosos a los Eisen, según el Ministerio Público.
roque@abc.com.py