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1.- “La actual administración ha dado muestras fehacientes de su voluntad de combatir todo acto que atente contra las disposiciones legales y ponga en descrédito la imagen del país y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Personalmente, el canciller Héctor Lacognata Zaragoza se ha presentado -en diversas ocasiones- en la sede del Ministerio Público para entregar denuncias documentadas de hechos que se presumen como corruptos”.
2.- “Como resultado de investigaciones realizadas se han puesto a conocimiento de la opinión pública y de las autoridades pertinentes las auditorías y sumarios realizados, por ejemplo, en el Consulado General del Paraguay en Buenos Aires - Argentina- y de la Embajada paraguaya en Londres. Actualmente, en la Cancillería Nacional se siguen procesando los resultados de otros 5 consulados y 2 embajadas”.
3.- “También ha sido esta administración la que ha realizado la investigación, la auditoría y la posterior denuncia ante la Fiscalía de Delitos Económicos de las graves irregularidades detectadas en la Dirección de Pasaportes y expedición irregular de visas a ciudadanos chinos y libaneses”.
Caso embajadora en Venezuela
4.- “En lo que respecta al caso de la señora Ana María Figueredo Amato, quien fuera embajadora del Paraguay en Venezuela durante la administración del expresidente Nicanor Duarte Frutos, cabe señalar que la Embajada del Paraguay en Venezuela es una de las representaciones diplomáticas que la Cancillería Nacional se encuentra investigando, tanto sus antecedentes como los documentos que puedan avalar la presentación de una denuncia formal y seria ante la Fiscalía. Actualmente, el caso particular señalado se encuentra a cargo de la Asesoría Legal de la Cancillería, y se aguarda el dictamen de la misma para tomar las determinaciones que correspondan”.
5.- “Finalmente, considera pertinente resaltar que, en comparación con administraciones anteriores, esta puede ser caracterizada como la más preocupada en sanear sus dependencias, tanto de la ineficiencia como de la corrupción que heredó de los gobiernos anteriores, situación que puede ser corroborada con las múltiples denuncias y posterior cese de funciones de funcionarios responsables”, concluye el comunicado de la Cancillería. La nota no especifica, sin embargo, cuándo culminará la auditoría en cuestión ni tampoco entra en detalles sobre las tareas que se están realizando al respecto en la sede de la representación paraguaya en Caracas. Las denuncias a la gestión de la ex embajadora datan de fines del año pasado, según publicaciones de la prensa.
Durante los cuatro años de su gestión, Ana Figueredo Amato importó con sugestiva frecuencia y regularidad costosos vehículos que fueron introducidos a dicho país liberados de impuestos y posiblemente negociados a particulares a través de contactos identificados como Carlos Gill y Alejandro Alfonzo Larrain, según evidencias publicadas en este diario ya en diciembre pasado.
Es así que apenas llegada a Venezuela (2004), Figueredo Amato comenzó la cadena de importaciones liberadas de impuestos con un VW Bora de lujo con un costo cercano a los 40.000 dólares.
En el 2005 ya fue un Mercedes Benz modelo CLS 55 AMG de color plata iridio y tapizado de cuero (según consta en los documentos ya publicados) por valor de 82.407 euros, una suma cercana en ese entonces a los G. 600 millones. Solo en accesorios opcionales, el costo se elevó en casi 30.000 euros, según factura.
En el 2006 ya evidenció más exquisitez por los vehículos lujosos y no dudó en importar -liberada de impuestos, claro está- nada menos que una exclusiva Ferrari Super sport modelo 575 MF1 de color ROSSO SCUDERÍA (rojo escudería en italiano, color que distingue a este tipo de costosos rodados). El vehículo, de 12 cilindros y 5.748 cc de cilindrada, costó (de acuerdo a la factura) unos 120.000 dólares (más de G. 600 millones).
La compra de la Ferrari fue hecha a la firma Maranello Motorspor Ltd., empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas.
Cuando obtuvo su traslado como embajadora, a principios del 2007, se despidió de Venezuela con la importación liberada de una camioneta Nissan Patrol 4x4 SLDO, de valor superior a los 90.000 dólares (casi G. 500 millones en ese entonces).
Pero, a su llegada al Uruguay en el 2007, también importó -como embajadora en Montevideo- una camioneta Toyota Land Cruiser full equipo de un costo cercano a los 80.000 dólares (más de G. 400 millones).
En el año 2024 se informó a ABC que quedó desligado de la investigación el empresario paraguayo-venezolano Carlos Gill Ramírez, el cual había sido mencionado como posible receptor de uno o más vehículos. Gill Ramírez desmintió el hecho y no aparece en ninguna documentación que lo relacione con el caso. Gill Ramírez oficia como cónsul honorario de Paraguay (su país de origen) en la ciudad de Valencia, y se comprobó que no tuvo relación con el caso.
