Esta ineficiencia del gasto considera tres aspectos: las compras del Estado (incluyendo desvío de fondos o corrupción), el salario de los empleados públicos y los subsidios.
El componente salarial es una carga importante dentro de los gastos gubernamentales. En países como El Salvador, Costa Rica, Paraguay, Guatemala, Bolivia y Argentina, la planilla salarial representa más del 29% del total del gasto público, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).
Otro informe del BID revela que la asignación salarial no está sujeta a resultados en el desempeño, sino a las negociaciones con los sindicatos. Prueba de ello es que cerca de las tres cuartas partes de los países de ALC reportaron utilizar un esquema centralizado entre gobiernos y sindicatos para la negociación salarial. Sin embargo, hay diferencias. Mientras que Chile, Colombia y Costa Rica están más centralizados; otros países como Argentina, Brasil, El Salvador, Guatemala, México y Uruguay, conceden ajustes a nivel descentralizado o por departamento/sector, aunque siempre dentro de las reglas y límites de la nómina definidos por la autoridad presupuestaria.
A diferencia de los países de ALC, en los de la OCDE un comité examinador independiente proporciona evidencia y parámetros objetivos alineados con el contexto económico e institucional y hace recomendaciones para las concesiones salariales en el sector público.
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Para el Banco Mundial (BM), la participación de los empleados públicos dentro del mercado laboral mundial, se ubica en torno al 15% del total de trabajadores y al 30% de los trabajadores asalariados. Además, en varios países, los empleados públicos gozan de importantes beneficios que no se aplican a los del sector privado. Los mismos van desde las protecciones laborales y salarios hasta 20% superiores a los que ganan sus pares en el sector privado.
Éstas y otras consideraciones especiales llevaron a los empleados públicos a ser catalogados como un sector privilegiado, cuyos altos salarios provienen del pago de impuestos de la población en general. Por tanto, el reclamo se ha centrado siempre en una reforma del sector público con énfasis en la equidad y la meritocracia.
Desde hace años esta premisa ha sido tema de debate en Paraguay. Sin embargo, la pandemia del covid-19, se convirtió en la oportunidad desde el Poder Ejecutivo para instalar el tema e incluso diseñar varios proyectos de leyes de restructuración del Estado como la reforma de la función pública y la carrera del servicio civil.
Una propuesta que apunta a replicar, algunos aspectos del modelo utilizado en el sector privado para el reclutamiento, admisión, permanencia y contratación de nuevos funcionarios.
En la presente edición, la consultora MF Economía, analiza el componente del gasto salarial en el Presupuesto General de la Nación, el proyecto de reforma y las perspectivas para su implementación.