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Los Tratados de Itaipú y Yacyretá, suscritos con Brasil y Argentina, respectivamente, y ratificados por el Congreso Nacional, son ley de nuestra República y, por el artículo 137 de la Constitución están apenas debajo de la Carta Magna en el orden de prelación de las normas jurídicas y encima de las leyes. Pero, debajo de la Constitución. La Constitución está por encima de los tratados y rige plenamente sobre ellos. Por tanto, los tratados deben leerse a la luz de la Ley Suprema y de acuerdo con ella.
Los tratados efectivamente disponen que las binacionales gozan de autonomía presupuestaria y financiera con respecto a ambos países, requiriéndose el consentimiento de las partes para modificar esta condición. Es lo que queda estipulado, por ejemplo, en los artículos 3 y 4 de su Anexo A, principalmente. El Anexo A del Tratado de Itaipú no suspende a la Constitución, es inferior, está sometido a ella. Lo mismo el equivalente de Yacyretá.
La Contraloría había emitido el pasado 30 de abril de 2021 su Resolución N° 236 para el logro de sus objetivos, en la que especifica que su auditoría es para determinar la correcta administración de los “fondos sociales” de las binacionales.
Esgrime, para hacerlo, el artículo 283 inciso 4 de la Constitución que dispone “…la fiscalización de las cuentas nacionales de las empresas o entidades multinacionales, de cuyo capital participe el Estado en forma directa o indirecta, en los términos de los respectivos tratados”.
Está en manos de la Corte Suprema de Justicia no fallar en contra del pueblo.