Uno de los primeros indicadores de ese cambio se encuentra en el mercado de trabajo. Entre la población de 15 años y más, la participación femenina en la fuerza de trabajo pasó de 38,2% en 2002 a 42,9% en 2022. En contraste, la actividad masculina prácticamente no mostró variaciones, al pasar de 79,9% a 79,4% durante el mismo periodo. La brecha continúa siendo significativa, pero la trayectoria femenina evidencia una incorporación creciente a la actividad económica.
El cambio resulta aún más evidente cuando se analiza a las mujeres que encabezan hogares. En 2002 existían 123.966 jefas ocupadas, mientras que para 2022 la cifra había aumentado a 386.740, más de tres veces el registro de veinte años antes. Entre las jefas solteras, las ocupadas pasaron de 44.336 a 121.981; entre las casadas, de 27.102 a 74.286; y entre las mujeres en unión consensual, de 16.970 a 104.447. Este último grupo experimentó la expansión más importante, al multiplicarse por más de seis.
Los datos oficiales reflejan así una relación cada vez más estrecha entre la jefatura del hogar y la generación de ingresos. En 2022, el 71,9% de las jefas divorciadas estaba ocupado, al igual que el 60,2% de las separadas y el 61,4% de las solteras. Entre las mujeres unidas, la tasa de ocupación alcanzaba 53,8%; entre las casadas, 48,5%; y entre las viudas, 28,1%. El informe del INE plantea que contar con ingresos constituye una base cada vez más relevante para ejercer la jefatura del hogar.
La mayor participación económica estuvo acompañada por una acumulación creciente de capital educativo. En 2002, las mujeres de 15 años y más registraban un promedio de 7,1 años de estudio, frente a 7,2 años entre los hombres. Para 2022, las mujeres llegaron a 10,0 años, mientras el promedio masculino fue de 9,7 años. De esta manera, una situación prácticamente equilibrada dos décadas atrás pasó a mostrar una ligera ventaja educativa para las mujeres.
Sin embargo, los avances no son homogéneos. Entre quienes encabezan hogares, los hombres mantenían en 2022 un promedio educativo ligeramente superior, con 9,3 años de estudio frente a 8,9 años entre las jefas. La distancia, no obstante, se redujo respecto de 2002, cuando era de 0,6 años, frente a 0,4 años en 2022. Además, dentro de los hogares nucleares incompletos la relación se invierte: las jefas registraban 9,2 años de escolaridad frente a 8,1 años entre los jefes.
Más cambios socio-demográficos
El territorio constituye una brecha incluso mayor que la diferencia entre hombres y mujeres. En las áreas urbanas, las jefas alcanzaban en 2022 un promedio de 10,0 años de estudio, mientras que en las zonas rurales el nivel descendía a 6,5 años. Entre los hombres, los promedios eran de 10,6 y 6,9 años, respectivamente. El estudio destaca que las desigualdades educativas vinculadas al área de residencia resultan superiores a las observadas por sexo.
La creciente autonomía económica también se refleja en la propia organización del hogar. En 2002, las mujeres encabezaban 287.040 hogares, equivalentes al 25,9% del total. Para 2012 eran 448.345, el 36,4%, y en 2022 alcanzaron 725.343 hogares, equivalentes al 41,0%. Así, cuatro de cada diez hogares paraguayos contaban con una mujer reconocida como jefa en el último censo.
El avance no se limita a un solo modelo familiar. En los hogares nucleares completos, la participación femenina en la jefatura alcanzó 26,9% en 2022, tres veces la proporción registrada en 2002. En los hogares extendidos pasó de 32,9% a 48,9%. La mayor presencia continúa observándose en los hogares nucleares incompletos, donde las mujeres representaban 81,8% de las jefaturas en 2022.
Este último dato también expone uno de los principales desafíos económicos detrás del proceso. Los hogares nucleares incompletos presentan mayores privaciones relacionadas con las personas que algunos otros tipos de hogar. En 2022, el 14,1% tenía una Necesidad Básica Insatisfecha (NBI) en capacidad de subsistencia, 9,2% en acceso a la educación, 11,2% en infraestructura sanitaria y 4,5% en calidad de la vivienda. La mayor presencia femenina en la conducción económica del hogar, por tanto, no supone necesariamente mejores condiciones de vida ni elimina las vulnerabilidades.
A partir de estos cambios económicos se observa también una transformación social. Las formas de pareja son uno de los ejemplos más notorios. Entre las mujeres casadas o unidas de 15 a 64 años, en 2002 las casadas representaban 69,7% y las unidas 30,3%. En 2022, la distribución prácticamente se equilibró: las casadas descendieron a 48,8%, mientras las mujeres en uniones consensuales aumentaron a 51,2%.
También cambiaron la edad y el perfil educativo de las mujeres que conforman estas uniones. Entre las mujeres de 15 a 19 años casadas o unidas, las uniones consensuales representaban 89,2% en 2022, mientras entre las de 40 a 64 años el porcentaje era de 34,9%. Paralelamente, las mujeres unidas elevaron considerablemente su nivel educativo: pasaron de un promedio de 7,1 años de estudio en 2002 a 11,2 años en 2022. Entre las casadas, el promedio aumentó de 9,3 a 12,4 años. La distancia entre ambos grupos se redujo de 2,2 a 1,2 años.
Otro cambio estructural está asociado a la fecundidad. La tasa global pasó de 3,56 hijos por mujer en 2000 a 2,44 en 2010, 2,19 en 2020 y 1,92 en 2024. El documento vincula esta tendencia con hogares más pequeños, una menor participación de los hijos dentro de su composición y modificaciones en el ciclo de vida familiar.
La transformación también alcanza a las mujeres indígenas. La jefatura femenina en estos hogares pasó de 14,8% en 2002 a 26,4% en 2012 y 43,6% en 2022, incluso por encima del 41,0% registrado para el conjunto nacional.
En dos décadas, por tanto, la mujer paraguaya amplió su participación económica, aumentó su capital educativo y adquirió un peso considerablemente mayor en la conducción de los hogares. Estos avances económicos aparecen estrechamente vinculados con cambios sociales: nuevas formas de pareja, matrimonios más tardíos, menor fecundidad y una estructura familiar más diversa.
El proceso, sin embargo, mantiene importantes contrastes. La participación laboral femenina continúa muy por debajo de la masculina, persisten fuertes diferencias entre áreas urbanas y rurales y los hogares encabezados por mujeres no están exentos de restricciones económicas. El desafío que revelan los datos es lograr que el avance en educación, participación y autonomía se traduzca también en una mayor capacidad de generación de ingresos y menores condiciones de vulnerabilidad.
Creciente autonomía
La creciente autonomía económica también se refleja en la propia organización del hogar. Así, 4 de cada 10 hogares tienen a una mujer jefa de hogar.
