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Medina, quien disertó sobre la sustentabilidad en la ganadería, explicó que por Ley N° 422/73, los establecimientos pecuarios dejan el 25% de reserva natural, además entre 15 y 20% más con los corredores y las islas de monte; a su vez, con la implementación de pastos adaptados y la carga animal apropiada, constituye lo que él denomina “naturaleza en producción en paisaje diverso”.
Según los cuadros presentados por el mismo, hasta el año 2000 la superficie de bosques nativos en el Chaco representaban unas 18.701.321 hectáreas de bosques, un 75% sobre el área total de la región, mientras que en la actualidad solo quedan 14.298.475 hectáreas, es decir, un 58% de vegetación nativa con respecto a toda la región.
Proyectando la cantidad actual de superficies habilitadas por año, por las instituciones oficiales, para el cambio de uso de la tierra, se calcula que solo quedarán unas 10.686.475 hectáreas para el año 2030, lo que representará un 45,2% en relación a todo el Chaco paraguayo.
Cambiar estrategias ganaderas
Pero el Dr. Marcos Medina propuso en el citado foro en la ARP, que en el 2026, cuando la proporción de bosques se haya reducido al 49%, recién se piense plantear el sacar el pie del acelerador. Indicó que se podría cambiar la estrategia de crecimiento ganadero, dejando de lado la incorporación de nuevas áreas boscosas en pasturas y potenciar los renovados modelos de producción pecuaria más intensivos, que ya están siendo implementados actualmente en pequeña escala. Sin embargo, nuestra máxima autoridad productiva no habría considerado en su análisis que el reciente y polémico decreto forestal N° 7702/17, firmado por su antecesor en el cargo, Juan Carlos Baruja, quien no es profesional del agro, será un disparador del avance legal de la deforestación en el Chaco, acortando los tiempos hacia una eventual transgresión de la sustentabilidad ambiental.
Al respecto, uno de los juristas más entendidos en materia forestal y ambiental de nuestro país, el exfiscal del Ambiente, Dr. Ricardo Merlo, advirtió que el referido decreto forestal es inconstitucional porque, entre varias cosas, abre la posibilidad de eliminar bosques nativos para hacer pasturas, lo que permitirá a los ganaderos comprar certificados de servicios ambientales para ampliar sus áreas de producción.
Uno de los puntos centrales del debate respecto al decreto N° 7702, el Art. 5, dice: “A partir de la vigencia del presente decreto (14 de setiembre de 2017), los que realicen habilitaciones en las propiedades rurales identificadas como áreas de reserva legal de bosques naturales sin autorización correspondiente, se encuentran obligados a reforestar restaurando la totalidad de la superficie habilitada o adquiriendo certificados de servicios ambientales hasta el equivalente a su obligación (25%) mediante régimen establecido en la Ley Nº 3001/2006 y sus reglamentaciones”.
Gran conveniencia económica
Un ganadero que pidió anonimato dijo que el decreto tiene una muy importante conveniencia económica, porque en vez de adquirir nuevas tierras en el Chaco por US$ 1.200 ha., que implicará aprovechar menos del 75% del área comprada, le sería más rentable avanzar con nuevas pasturas sobre sus 25% de reserva legal y para compensar pagar solo unos US$ 200 por ha por certificados ambientales, en una zona de menor valor inmobiliario. Y, al mismo tiempo, abonar las multas correspondientes por la transgresión de la ley forestal N° 422/73; todo esto, sin que deje de ser una ventaja financiera porque los bancos para dar créditos no reconocen montes sino pasturas, según explicó dicha fuente. Lo llamativo de esta cuestionada norma es que el principal gremio afectado, la ARP, no se ha manifestado, alegando que la discusión es confusa y que sus miembros discrepan en las interpretaciones.
Por su parte, la Federación Paraguaya de Madereros defiende el polémico decreto forestal, mientras que por su derogación están unidos todos los grupos ambientales, WWF, Guyra Paraguay, Alter Vida, IDEA, Red Paraguaya de Conservación de Tierras Privadas, e incluso la Cámara de Senadores pidió su eliminación. Agrava la situación que la máxima autoridad forestal, el Dr. Fredis Estigarribia, es veterinario y no tiene la formación académica que exige la ley del Infona.