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Esto puede ser analizado desde dos puntos de vista: Por una parte podemos decir que es bueno que la cabeza de un órgano dé la cara ante un poder del Estado que se siente afectado por las decisiones de la fiscalía.
Esto de alguna manera da una protección a los fiscales que investigan casos de corrupción que envuelven a parlamentarios.
Pero si miramos con otra óptica podríamos estar ante una nueva sumisión de un órgano como el Ministerio Público ante un poder del Estado.
Es cierto que no es la primera vez que ocurre esto. El exfiscal adjunto Carlos Arregui junto a miembros de equipo acudió en dos oportunidades ante el Parlamento para explicar los motivos de aperturas de procesos a legisladores.
Tampoco es menos cierto que el Parlamento tiene la facultad de pedir los informes que crea necesario.
Sin embargo, es totalmente discutible que los fiscales y con el fiscal general del Estado a la cabeza, tengan que ir a explicar personalmente por qué abren procesos por corrupción.
El trámite ya está reglamentado y se cumple cuando el juez pide el desafuero, con el que acompaña el requerimiento con las copias del expediente y los cuadernillos fiscales.
Si la fiscalía entiende que debe ir a explicar a los legisladores, también debería hacerlo con cualquier ciudadano imputado.
El Ministerio Público vive un momento sensible y además de sus relaciones con los políticos debería cuidar su imagen ante la ciudadanía.
ocaceres@abc.com.py