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El 12 de agosto pasado, el fiscal Nelson Ruiz presentó el pedido de sobreseimiento provisional para Miguel Ángel Carballo, “el mecánico de oro” del senador Víctor Bogado, con base en un sospechoso informe pericial que decía no haber encontrado irregularidades entre el ingreso del procesado –que era un poco más de G. 10 millones– y los bienes que adquirió, entre los que estaban un shopping por un valor de G. 1.900 millones, a los que hay que sumar que puso G. 1.800 millones para crear la firma Rocket SA y que compró una cantidad de inmuebles y departamentos en zonas residenciales, al tiempo que tenía una flota de vehículos de todas las marcas.
Ruiz pidió esta salida procesal para Carballo, alegando que igual seguiría siendo investigado, pero la verdadera jugada era que se levantaran los embargos sobre los bienes del “mecánico de oro”, que superan los G. 3.500 millones y, de esa manera, ya podría transferirlos.
Sin embargo, en la audiencia preliminar el juez de garantía Rubén Ayala Brun resolvió darle trámite de oposición, enviando el expediente a la Fiscalía General del Estado para que se ratificara en el pedido de Nelson Ruiz o que se rectificara.
Encauzar el proceso
La fiscala Soledad Machuca volvió a darle un golpe de timón al caso que estaba rumbo a conseguir el blanqueo del presunto testaferro de Víctor Bogado al rectificar el pedido de Nelson Ruiz, y también reasignó la causa al fiscal Luis Piñánez.
La ayuda que le dio Ruiz a su procesado se basó en el dictamen de Emilio Fernández Núñez, perito del Laboratorio Forense del Ministerio Público, quien está sumariado por las sospechas que se tienen en su contra de que también supuestamente manipuló su informe para beneficiar al ahora exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón, a quien tampoco le encontró indicios de enriquecimiento ilícito.
La fiscala adjunta Soledad Machuca no tomó en cuenta el informe pericial y rectificó la acusación, para lo cual simplemente se guió por el buen trabajo que realizó en la primera parte de la investigación la fiscala Josefina Aghemo, antes de ser cambiada.
En su acusación, Machuca hace un relato de los ingresos de Carballo cuando era funcionario de la Municipalidad de Asunción, luego hace una descripción de todos los inmuebles y vehículos que adquirió por millonarios montos que no se corresponden con su salario.
“Durante las pesquisas efectuadas por el Ministerio Público se obtuvieron diversas informaciones que permiten concluir con grado de certeza que Miguel Ángel Caballo Gómez incurrió en la comisión de hechos punibles de enriquecimiento ilícito”, explica en su acusación Soledad Machuca.
“En el marco de las investigaciones quedó acreditado que Miguel Ángel Carballo constituyó la sociedad anónima con la integración del capital social de G. 5.000.000.000, del cual obtuvo acciones por valor de G. 1.800.000.000, adquirió la propiedad de inmuebles y vehículos. Recibió altas sumas de dinero en cuentas corrientes y cajas de ahorro, contaba con sumas de dinero que utilizó en operaciones de cambio de divisas y contaba con la suma de US$ 300.000 que le prestó a la señora Cynthia Tarragó y al señor Pedro Marinoni”, apunta el relato de los hechos.
Después la fiscala adjunta Machuca hace un relatorio de todo el dinero que percibió Carballo en la Municipalidad de Asunción, que fue de G. 471.577.773, pero ese dinero luego lo tuvo que devolver al ser procesado por cobro indebido de honorarios.
También se tuvo en cuenta el dinero que cobró en la Cámara de Diputados entre julio de 2013 y octubre de 2017.
En el año 2013 Carballo ganó G. 53.022.200, en el 2014 percibió G. 109.266.400, mientras que en el 2015 cobró G. 114.210.464; en el 2016, G. 100.545.877, y en el 2017, G. 53.903.738.
Concluye la fiscala Soledad Machuca que con estos ingresos es poco probable que Carballo haya podido comprarse todo lo que tiene a su nombre. En ningún momento del relato que hace la representante del Ministerio Público toma en cuenta el informe redactado por el perito y en el cual se basó íntegramente Ruiz para pretender blanquear al “mecánico de oro”.
“Por todo lo señalado, el Ministerio Público remite al juzgado todas las actuaciones fiscales cumplidas durante la etapa preparatoria, conforme al detalle que se encuentra en el ofrecimiento de pruebas. Esta Fiscalía Adjunta pide la admisión de la acusación y de los medios probatorios ofrecidos, de esta forma consecuentemente ordene la apertura del juicio oral y público”, dice la última parte del petitorio.
Este rectificación ya está en el juzgado del magistrado Rubén Ayala Brun, quien deberá fijar fecha para la audiencia en la que tiene que elevar el caso a juicio oral y público.
Miguel Ángel Carballo se expone a ir preso hasta 10 años, en el caso que sea encontrado culpable del hecho de enriquecimiento ilícito. Quedó demostrado que todas las puertas para un eventual blanqueo se cerraron con esta lapidaria acusación.
La única forma de que el “mecánico de oro” puede evitar ir preso es develando de quién es testaferro.
victor.franco@abc.com.py