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El Ministerio Público había imputado y luego acusado a funcionarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería y miembros de la Fenaprofhp, ante la sospecha de un perjuicio patrimonial para la referida secretaría de Estado por G. 68.965.418.419.
A los efectos de colaborar con la investigación, en 5 oportunidades la fiscalía solicitó informe a la Contraloría General sobre el análisis de la rendición de cuentas presentadas por la Fenaprofhp al órgano contralor.
La Contraloría, que a su vez tiene como función constitucional realizar el análisis de estas cuentas, respondió a la fiscalía, que “la Federación Nacional de Productores Frutihortícolas del Paraguay realizó entregas de bienes, maquinarias y equipos a los comités, sin que en las mismas se pueda identificar convenientemente el valor de los bienes y/o servicios entregados por estos, lo que dificulta sobremanera comprobar si el monto de las transferencias realizadas por el MAG y recibidas por la Fenaprofhp, corresponden efectivamente a los declarados por ellos, sin embargo “en opinión de la Contraloría General de la República, excepto por las salvedades enumeradas expuestas más arriba, los estados financieros referidos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la situación financiera del MAG del ejercicio fiscal 2012, de acuerdo con la Ley N° 1535/99 y su decreto reglamentario, la Ley N° 4581/11 y demás normas aplicables”.
Este informe fue realizado por los imputados: Lucila Troche, jefa de Equipo DGCAC; Marta Vicezar, supervisora y directora de Área DGCAC; y Cirilo Durañona Macchi, coordinador director general DGCAC, funcionarios de la Contraloría General de la República que elaboraron un informe final sobre la auditoría financiera y presupuestaria del ejercicio 2012 realizada al Ministerio de Agricultura.
Sin embargo, existe la sospecha que lo consignado en el informe no corresponde con la realidad ya que precisamente este se basó en la verificación in situ de un solo comité de los 193 involucrados. En la entrevista realizada a tres integrantes del Comité Nueva Esperanza de la compañía Quinta Línea del distrito de Repatriación de la ciudad de Caaguazú, el 27 de junio de 2013 los imputados: Ever Espínola, auditor; Marcial Corvalán, auditor; y la Lic. Lucía Troche, jefa de equipo, todos funcionarios de la Contraloría, habrían consignado hechos falsos que fueron asentados por ellos en el acta labrada en dicha oportunidad.
Las sospechas
Esta sospecha se basa, entre otros elementos de convicción, en que los imputados consignaron en el acta labrada y luego remitida a la fiscalía que “los socios integrantes del comité recibieron los insumos, equipos, fertilizantes, fungicidas, etc. para la producción de tomate, repollo, zapallito, locote, que habían solicitado por nota del 8 de noviembre de 2012 y que la producción fue asistida por un técnico del MAG de nombre Aldo López”, lo cual, según los elementos de cargo con que cuenta la fiscalía, no corresponde con la realidad.
Esto es así, porque nueve de los veintiséis miembros del Comité Nueva Esperanza manifestaron a la fiscalía que lo consignado en el acta labrada por la Contraloría es falso; y describieron con precisión la forma en la cual esta verificación in situ fue llevada a cabo.
El señor Juan Carlos Bogado, secretario del comité, mencionó que efectivamente funcionarios de la Contraloría acompañados de Lidio Irala los visitaron en el mes de junio de 2013, y que en esa ocasión le consultaron acerca de los insumos que recibieron por parte de la Fenaprofhp, dice la imputación del fiscal.
Según sus manifestaciones, ellos expusieron a los funcionarios de la Contraloría que Silvio Riveros les ofreció conformar un comité para ser beneficiarios de insumos provenientes del MAG y al ser consultados sobre el monto recibido de parte de los representantes de la Fenaprofhp, Lidio Irala los interrumpió haciendo mención a que él no recordaba en ese momento cuál era el monto pero que tenía anotado, y que posteriormente les iba a proporcionar esos datos a los funcionarios de la Contraloría. Lo cual no consta en el acta.
Ante esto, el Sr. Juan Carlos Bogado junto con los otros dos miembros del comité Prisciliano Jara, presidente, y César Aranda, tesorero, firmaron el acta de la Contraloría sin haberla leído en razón de que el funcionario de la Contraloría que labró el acta les dijo que solo se trataba de un acta para justificar la asistencia de los miembros presentes en ese momento.
Es decir, que lo consignado en el acta no corresponde con la realidad, ya que según los elementos de convicción con que cuenta la fiscalía y en especial el testimonio de los miembros del comité, es falso que hayan recibido los insumos allí mencionados.
Además, se atribuye a los funcionarios de la Contraloría el haber obtenido la firma de los miembros del comité haciéndoles creer que se trataba de una lista de asistencia.
Esta circunstancia a su vez corresponde con lo manifestado por estas personas en una nota del 3 de noviembre de 2013, dirigida a la Ing. Nilda González, del Centro de Desarrollo Agropecuario de Caaguazú, en donde le explicaban que si bien accedieron a la provisión de insumos por parte de la Fenaprofhp, estos fueron por un monto de G. 255.000.000 y no de G. 614.000.000.
Es de notar, que el hoy acusado Lidio Irala, vicepresidente de la Federación Nacional Frutihortícola del Paraguay, por sus siglas: Fenaprofhp, acompañó a los funcionarios de la Contraloría y firmó el acta labrada, pese a que este formaba parte de la persona jurídica que recibió el dinero del MAG, y cuyas rendiciones de cuentas, el equipo auditor de la Contraloría estaba obligado a controlar conforme lo establece la ley.
Lidio Irala no solo acompañó la verificación realizada, sino interrumpió la misma, dictando a los funcionarios de la Contraloría lo que ellos debían consignar y que estos lo hayan hecho pese a que sabían que no se correspondía con la realidad. Todo esto según lo manifestado por los miembros del comité.