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Algunos de los políticos que impulsaron la presentación ante el organismo juzgador precisamente habrían estado detrás de la adquisición irregular de las cuatro máquinas, de las cuales solo dos se consiguió hacer volar.
De acuerdo al cúmulo de evidencias recolectadas por los agentes, de ninguna manera se puede hablar de una persecución política. Auditorías del propio Poder Ejecutivo y de la Contraloría General corroboraron que hay suficientes elementos de sospecha de que todo se habría tratado de un feroz negociado, en el que el único perjudicado es el Estado.
La prueba contundente de que se pagó por máquinas inservibles es que dos de ellas siguen paradas, mientras que para hacer volar las otras dos, se tuvieron que hacer millonarias inversiones en asistencia técnica y compra de repuestos.
El Jurado debe rechazar en el más breve plazo la denuncia contra los dos fiscales, para dar una señal clara de que no someterá políticamente a los representantes de la sociedad que investigan a los involucrados en los saqueos al Estado.
La ciudadanía está cansada de ver que solo se envía a la cárcel a los ladrones de menor cuantía, mientras que aquellos que desviaron dinero del Indert, Indi, ministerios, secretarías y otros entes del Estado gozan de medidas alternativas, para disfrutar del dinero, que sería producto de los grandes negociados a costa del Estado.