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En marzo del 2015 fue la primera vez que se hizo noticia Aguilera Adorno, asistente fiscal de la Fiscalía de J. Augusto Saldívar. En la noche del 28 de marzo, cerca de las 23:00, conducía su Toyota Runx dorado y chapa BKL 864 por la ruta I “Mcal. López” en zona de Posta Ybycuá, cuando de pronto se llevó por delante a una motocicleta con sus dos ocupantes.
En aquella oportunidad, el funcionario de la Fiscalía, argumentó que no se percató de la presencia de la motocicleta, ya que supuestamente circulaba con las luces apagadas. Aguilera dijo a los intervinientes que no pudo divisar a la moto, porque aparentemente circulaba sin luces.
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La señora Antoliana Santacruz (41) murió aquella noche al llevarse la peor parte, ya que viajaba como acompañante en el biciclo y recibió directamente el impacto del automóvil. El conductor, identificado como Martín Ayala, logró salvar su vida aunque terminó malherido.
Antes de que sea enjuiciado por ese caso, el nombre de Aguilera nuevamente resaltaba en la crónica de los diarios 14 meses después: había protagonizado otro accidente de tránsito en la misma ruta, también contra una motocicleta, a solo 15 kilómetros de distancia del primero, con dos horas y media de diferencia y esta vez duplicó la cantidad de víctimas fatales.
Era aproximadamente la 1:30. Celeste Carolina Rojas Salinas (30) y su novio Marcos Larrosa Rivarola, salían de un local de comidas rápidas situado a un costado de la ruta I, a la altura del kilómetro 17.
Al igual que un año atrás, Aguilera chocó a la motocicleta por detrás, provocando mortales lesiones a sus dos ocupantes. Celeste murió en ese mismo lugar; Marcos lo hizo poco después en un centro asistencial.
Pese a las características similares en las que se produjo el accidente, hubo un elemento diferente. Esta vez, pese a ya provocar una muerte y ser funcionario fiscal, Eladio Aguilera Adorno conducía bajo los efectos del alcohol.
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La Policía lo sometió a la prueba de alcotest y dio positivo: 1.321 mg/L. De acuerdo a la escala de sanciones, este resultado supera la última escala y es pasible de una multa de 20 jornales, monto que supera los G. 1.500.000.
El proceso por este segundo caso ya despertó las alarmas de sus vecinos, quienes siguieron muy de cerca todo el proceso. El Ministerio Público lo sumarió y lo apartó de su cargo mientras era procesado por los dos casos que protagonizó.
Por el primer accidente fatal que causó, recibió una condena de un año y medio, pero fue beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
Esta semana la justicia le otorgó otra irrisoria condena pese a ser reincidente. El fiscal Víctor Villaverde lo acusó por los hechos punibles de Homicidio Doloso y Exposición al peligro en el tránsito terrestre y pidió seis años de cárcel. La querella fue más allá y pidió diez años de encierro, teniendo en cuenta que era homicida reincidente y el dolo eventual, pero el Tribunal de Sentencia de San Lorenzo, integrado por los jueces Óscar Rodríguez Masi (presidente), Leticia De Gásperi y Gustavo Granada, solo lo condenó a cuatro años de encierro.
“Es culpable, se comprobó su responsabilidad, pero la medición de la pena es cuestionable”, dice Villaverde.
Anunció que luego de acceder a los fundamentos de la condena, analizarán la posibilidad de apelar la condena para exigir una mayor.
“Este caso no es un homicidio culposo, es un homicidio doloso”, exclama Alberto Velázquez, de la organización “Ya estamos cansados de sus leyes”, que promueve la seguridad vial. Afirma que un ciudadano que bebe y sabiendo que está inhabilitado por las leyes para conducir, de todas formas lo hace, actúa con dolo, porque es consciente de que puede provocar un accidente de tránsito.
En el caso de Eladio Aguilera Adorno, las autoridades deberían caerle con todo el peso de la ley, sostiene. “A la ciudadanía le queda la sensación de que podemos tomar, manejar, matar y no pasa nada. Tuvo que esta preso de por vida”.
Cuestionó a los diputados por vetar un proyecto de ley de tránsito que contemplaba sanciones más duras para casos como este “solo por salvar a Opaci” pues en el documento asentaban la necesidad de eliminar el tributo que las Municipalidades le destinan.
El camino para desalentar conductas mortales como la del asistente fiscal Aguilera, es endurecer las leyes, concluye Velázquez.