BOGOTÁ (AFP, EFE). Inició las declaraciones ayer el excomandante de ese grupo, Pablo Catatumbo, que hoy en día es senador (gracias al acuerdo firmado con ese grupo con el expresidente colombiano Juan Manuel Santos).
Las FARC (comunistas) llegaron a constituirse como el más poderoso de ese tipo de organizaciones paramilitares del continente, por su manejo del narcotráfico.
La Justicia Especial para la Paz (JEP) citó a 15 responsables de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dentro del caso 07, sobre reclutamiento forzado de menores de edad y violencia sexual contra los mismos.
Los cabecillas de las FARC firmaron el acuerdo de desarme, pero diversos grupos siguen en las selvas, operando en el narcotráfico, y varios de los jerarcas “desmovilizados” volvieron a esa actividad.
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Catatumbo y otros tres dirigentes declararán ante el tribunal de paz de manera “reservada” y “presencial”, indicó un responsable de la JEP.
Las demás audiencias serán “virtuales” por efectos de la pandemia del covid-19, añadió.
“En respeto a la verdad, a las víctimas y de cara al país (...) asistiremos con toda tranquilidad a contar la verdad sobre este caso tan doloroso como es la participación de menores en el conflicto interno armado”, dijo Catatumbo en un video publicado en sus redes sociales.
El ahora senador del partido FARC es uno de los ocho miembros de ese grupo armado que ocupan escaños en el Parlamento como parte de lo acordado en el pacto suscrito en 2016 con el gobierno de Santos.
Miles de víctimas
La JEP ha recibido informes preliminares que dan cuenta de, por lo menos, 8.000 casos, en coincidencia con el registro oficial de la Unidad para las Víctimas que ha documentado 8.624 víctimas, entre niños y adolescentes, de esta práctica de guerra.
Como parte de los acuerdos negociados en La Habana, unos 12.800 rebeldes desistieron de la lucha armada, incluidos unos 7.000 combatientes.
Sus máximos responsables se comprometieron a confesar sus crímenes y reparar a las víctimas, a cambio de recibir penas menores, no encarcelables y, además, poder ejercer la política.
Rodrigo Londoño, el máximo comandante del grupo, alegó varias veces que el ingreso a esa organización era “voluntario”.
Sin embargo, las víctimas de esos secuestros y violaciones abundan, aunque no tengan mucho eco mediático, dado que los filocomunistas buscan siempre exculpar al grupo, olvidando a las víctimas, solo por una cuestión de afinidad ideológica.
Hasta la fecha se cuentan más de nueve millones de víctimas en seis décadas de violencia armada originada por grupos comunistas, contando entre desplazados, además de muertos y desaparecidos.
Espeluznante criminalidad
Las violaciones a niñas y los abortos obligados eran prácticas habituales dentro de las FARC.
La organización Rosa Blanca lucha para que se haga justicia. Ese grupo que defiende a las víctimas tiene más de 1.200 casos registrados, sin ser todos, dado la cantidad de menores secuestrados, y que su posterior violación era algo rutinario.
Un caso paradigmático es el de Lorena Murcia, quien a los 10 años fue sacada de su casa por las FARC.
Durante el tiempo que permaneció allí fue violada reiteradamente, e incluso tuvo que abortar.
A los 17 años, logró escapar, entregándose al Ejército colombiano, y así pudo salir con vida de toda esa violencia criminal.