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El Ministerio define "demoliciones a gran escala" como aquellas en las que el área de edificaciones derruidas supera el 20 % de la superficie total del proyecto de renovación.
El viceministro Huang Yan explicó que la tasa de urbanización de China ya supera el 60 %, por lo cual se debe aplicar una estrategia de "mejora de las edificaciones ya existentes", en lugar de la construcción a gran escala de inmuebles que ha sido protagonista en fases más tempranas de la urbanización china.
Sin embargo, las autoridades locales no estarán obligadas a respetar la proporción de edificaciones derribadas si éstas son identificadas como "ilegales o "peligrosas".
Entre los nuevos requisitos del Ministerio, también figura la limitación de los reasentamientos masivos obligatorios de residentes, práctica habitual en el país asiático tras las demoliciones, a la vez que se pide que "se respete la voluntad de los reasentados" y se conserve "la relación entre las personas, la tierra y la cultura".
En las últimas décadas, las demoliciones de edificios para abrir paso a nuevos proyectos y los consiguientes desalojos de residentes han sido frecuente fuente de conflicto social en China.
Uno de los aspectos más polémicos es la cuantía de las indemnizaciones recibidas a causa las demoliciones, sobre la cual surgen a menudo desacuerdos entre las autoridades y los inquilinos.
El rápido desarrollo urbano en las últimas décadas ha afectado también al patrimonio cultural histórico chino.
La Administración Nacional del Patrimonio Cultural calculó que, entre 1982 y 2009, habían desaparecido más de 30.000 lugares históricos como templos, tumbas o casas antiguas.