El texto de la ONU, que salió adelante el miércoles con doce votos a favor y tres abstenciones -de China, Rusia e India-, reclama también al régimen castrense, que dio un golpe de Estado en febrero de 2021, la liberación de todos los presos políticos, incluida la depuesta líder Aung San Suu Kyi.
Los quince Estados miembros del Consejo demandan, en la primera resolución que aprueba el máximo órgano de decisión de la ONU desde la asonada, el "fin inmediato de todas las formas de violencia en el país" y piden "contención y desescalada de las tensiones".
El autodenominado Gobierno de Unidad Nacional (NUG), leal a Suu Kyi y que se proclama el gobierno legítimo de Birmania, remarcó en un comunicado su "profunda gratitud" y "apoyo" a la resolución de la ONU al tiempo que urgió a "implementar la resolución como un paso hacia la restauración de la democracia en Birmania".
"La resolución demuestra el progreso del Consejo de Seguridad al hablar de acción sobre la grave crisis en Birmania y las amenazas de la junta a la paz y la estabilidad internacionales", subraya el NUG, aunque remarca que les hubiera gustado un "texto más fuerte".
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"Se necesita una acción decisiva por parte del Consejo de Seguridad para salvar vidas del pueblo birmano y evitar una mayor desestabilización de la región", remarca el gobierno alternativo.
La sublevación militar del 1 de febrero de 2021 mantiene a Birmania sumida en un profundo caos político, económico y social que ha exacerbado los conflictos armados que el país padece desde hace décadas.
Al menos 2.639 personas han muerto desde el golpe de Estado por la brutal represión ejercida de parte de las fuerzas de seguridad, que han disparado a matar contra manifestantes pacíficos y desarmados, y más de 13.000 permanecen detenidas, según datos de la oenegé birmana Asociación de Asistencia a los Prisioneros Políticos.