El Gobierno neerlandés recogió el pasado noviembre de Siria a 12 mujeres y sus 28 hijos, y las madres fueron arrestadas al aterrizar en Países Bajos como sospechosas de pertenecer al grupo terrorista Estado Islámico (EI), al haber viajado a territorio controlado por yihadistas, donde se casaron con combatientes y presuntamente ayudaron en la lucha armada del grupo.
Una de estas mujeres es sospechosa de “usar a una mujer yazidí como esclava en Siria en 2015”, por lo que está acusada de “esclavitud como crimen de lesa humanidad”, un crimen internacional cometido por los yihadistas contra los yazidíes, una minoría étnica y religiosa principalmente del norte de Irak.
“Es la primera vez que alguien es acusado en Países Bajos de un delito contra los yazidíes. El EI no solo cometió delitos de terrorismo, sino que también es responsable del genocidio cometido contra la población yazidí desde 2014 en Siria e Irak”, recuerda la Fiscalía neerlandesa, que también acusa a otra de estas mujeres de “saqueo”.
Las primeras audiencias preparatorias del caso contra las doce sospechosas están previstas para el 14 y 15 de febrero en el tribunal de distrito de La Haya, situado en la ciudad portuaria de Róterdam, que se ocupa de los crímenes internacionales.
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Cuando en 2014 la organización terrorista invadió el norte de Irak, sometió a las mujeres como esclavas, secuestró a los niños y asesinó a los hombres yazidíes, lo que llevó a instituciones como el Parlamento Europea, la ONU, y los parlamentos de Países Bajos y Estados Unidos a calificar lo ocurrido de un “genocidio”.
Los supervivientes yazidíes han huido desde 2014 a otros países, y miles de ellos están en Países Bajos, aunque se desconoce si la víctima de la presunta yihadista neerlandesa se encuentra en territorio neerlandés o está en otro país.
Las autoridades neerlandesas han pedido a los refugiados yazidíes en Países Bajos que cuenten sus historias a la policía y la justicia para recopilar pruebas contra los sospechosos neerlandeses, en busca de garantizar el procesamiento de los acusados.
La Justicia neerlandesa exigió en mayo del año pasado al Gobierno recoger a las mujeres de nacionalidad neerlandesa y sus hijos de los campos de detención en Siria, donde se encuentran las familias de los combatientes yihadistas del EI.
De no haberlas sacado de Siria, sus casos penales corrían el riesgo de cerrarse para siempre, porque no habrá más apelaciones y, de volver eventualmente solas a Países Bajos en un futuro, no podrían haber sido procesadas por pertenencia a una organización terrorista y preparación de atentados con el EI.
Los miembros de la familia de estas mujeres han sido evaluados por Protección Infantil para determinar si pueden cuidar y hacerse cargo de los niños, y estos están supervisados por psicólogos y trabajadores sociales.