Mientras organizaciones de Derechos Humanos como Amnistía Internacional (AI) continúan denunciando "represión sistemática" de las minorías étnicas en las regiones de Xinjiang y Tíbet so pretexto de "antiseparatismo, antiextremismo y lucha contra el terrorismo", para Pekín las medidas y legislaciones promulgadas al respecto "han contribuido a la seguridad y la estabilidad tanto nacional como regional y global".
El Consejo de Estado chino (Ejecutivo) asevera en un libro blanco publicado este martes que el país asiático ha promovido activamente "mejores estándares de prevención del terrorismo en sectores y localidades clave", aunque no menciona explícitamente a Xinjiang o Tíbet.
"Hemos tomado medidas duras contra el terrorismo violento para así garantizar la seguridad nacional y la estabilidad social. Todo esto ha hecho mejorar notablemente la sensación de seguridad de la gente", señala el documento.
Varias potencias occidentales, con Estados Unidos a la cabeza, denunciaron en los últimos años abusos del Gobierno chino contra la minoría musulmana uigur y otras etnias que residen en Xinjiang, elevando la presión contra Pekín, que siempre ha negado todas las acusaciones y las ha calificado como un pretexto para dañar su imagen.
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Estos países denunciaron la existencia de graves abusos en la provincia -entre ellos, detenciones masivas, internamientos en campos, torturas y trabajos forzados-, y algunos Gobiernos, incluido el estadounidense, hablaron de un "genocidio" contra la minoría uigur.
Organizaciones como Human Rights Watch (HRW) también han denunciado una reducción del número de mezquitas en las regiones occidentales del país como "parte de los esfuerzos del Gobierno para restringir la práctica del islam".
Por su parte, Pekín defiende que sus medidas buscan "evitar la participación" de cualquier persona u organización en "actividades que dividan al país, propaguen el extremismo religioso o inciten al odio étnico".
Según el libro blanco publicado hoy, el país también ha otorgado "una mayor importancia a la educación y a la rehabilitación de las víctimas de enseñanzas extremistas que han cometido sólo delitos menores".
"Hemos llevado a cabo una amplia campaña de educación pública (...) y grupos religiosos, escuelas y familias colaboran para ofrecer medidas de intervención específicas, con el fin de protegerlos de impactos dañinos", agrega.
El libro también subraya que el país ha "acelerado esfuerzos" para "construir un marco legal antiterrorista" en el que "las condiciones nacionales, los principios constitucionales y la experiencia internacional han jugado un papel importante".
"En las últimas décadas, China ha modificado y mejorado sus leyes penales, ha promulgado una ley antiterrorista y ha mejorado las disposiciones antiterroristas de otras leyes pertinentes" para así "fortalecer la coordinación sistemática entre leyes y cerrar lagunas legales", indica el libro blanco.
Varios miembros de la etnia uigur y de la organización espiritual Falun Gong se manifestaron ayer ante la sede europea de las Naciones Unidas en Ginebra para pedir una resolución contra los "abusos" del Gobierno chino en vísperas del examen de los derechos humanos del país ante la ONU, que se celebra hoy.
Los manifestantes portaban pancartas en varios idiomas en las que podía leerse consignas como "Paren el trabajo forzado de los uigures" o "Falun Gong es brutalmente perseguido por el Gobierno chino", con el fin de presionar a las delegaciones del Consejo de Derechos Humanos que hoy revisará la situación de las libertades fundamentales de China desde 2018.