"Déjenme que lo diga por enésima vez. No reconozco la jurisdicción de la CPI sobre Filipinas, y la considero una amenaza a nuestra soberanía. Por lo tanto, el gobierno filipino no va a mover un dedo para ayudar a ninguna investigación que la CPI lleve a cabo", señaló hoy Marcos Jr. a un grupo de medios locales.
Los comentarios de Marcos Jr., realizados en los márgenes de un evento en la ciudad de Quezon, se producen a raíz de informaciones que apuntan a la posibilidad de que la CPI haya encontrado pruebas suficientes para acusar a Duterte de crímenes contra la humanidad.
"Pueden venir a Filipinas en calidad de ciudadanos ordinarios", dijo Marcos Jr. con respecto a una eventual visita de la delegación de la CPI, pero añadió que su gobierno "les vigilará para que no se pongan en contacto con ninguna agencia gubernamental", según las declaraciones recogidas por el canal ABS-CBN.
Se desconoce por el momento cuándo la CPI podría enviar una delegación al archipiélago del sudeste asiático.
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Las actuales declaraciones del mandatario filipino, que gobierna desde junio de 2022 en tándem junto a la hija de Duterte, Sara Duterte, vicepresidenta del país, contrastan con su consideración el pasado noviembre de que sopesaba reintroducir a su país en la CPI.
El expresidente Duterte sacó a Filipinas de la CPI en 2019, a raíz de la investigación de dicho organismo de los posibles crímenes de lesa humanidad de la guerra antidrogas en el archipiélago entre 2011 y 2019, incluyendo una etapa previa del exdirigente como alcalde de la sureña ciudad de Davao.
Durante el mandato de Duterte, las autoridades reconocen unas 6.200 muertes en los operativos antidroga, aunque según varias oenegés la cifra de fallecidos podría superar las 30.000 víctimas, incluyendo ejecuciones extrajudiciales.