El tribunal emitió la orden este lunes para paralizar el plan, valorado en 1.850 millones de dólares (unos 1.676 millones de euros) y que afecta al Aeropuerto Internacional Jomo Kenyatta de Nairobi (JKIA, en sus siglas inglesas).
La corte se pronunció en respuesta a una solicitud conjunta urgente de la Sociedad de Abogados de Kenia (LSK, en sus siglas inglesas), principal colegio de abogados del país, y la Comisión de Derechos Humanos de Kenia (KHRC).
Las dos organizaciones sostienen que el JKIA, uno de los aeropuertos más importantes de África del Este, es un activo nacional estratégico y rentable, de ahí que el plan, a su juicio, sea irracional y viole los principios de la buena gobernanza, la transparencia y el uso prudente y responsable del dinero público.
Según el proyecto, la multinacional india gestionaría el aeropuerto y renovaría esa infraestructura, incluida la construcción de una segunda pista y una nueva terminal de pasajeros.
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"La propuesta de Adani es inasequible, amenaza con la pérdida de empleos, expone al público, implica de forma proporcional riesgos fiscales y no ofrece una relación calidad-precio al contribuyente", argumentó el abogado Dudley Ochiel en la solicitud.
El juez John Chigiti aplazó el caso hasta el 8 de octubre, cuando podría fijar una fecha para un fallo definitivo.
La Autoridad de Aeropuertos de Kenia (KAA) mantiene que la propuesta de Adani de renovar las instalaciones e invertir en una nueva terminal y una pista es necesaria para arreglar la "infraestructura envejecida" en el aeropuerto más grande de la economía más avanzada del este de África.
El plan ha provocado en Kenia una indignación pública generalizada por su secretismo y sus posibles consecuencias, al tiempo que el personal de la KAA ha protagonizado protestas en su contra.
Adani es el mayor operador aeroportuario privado de la India y está controlado por el magnate Gautam Adani, uno de los hombres más ricos de Asia.