"Rechazo el brutal ataque perpetrado por las disidencias de las FARC, cartel narcotraficante estructura: Comandos de la Frontera, que cobró la vida de 11 valientes militares ecuatorianos en el sector de Alto Punino", expresó Sánchez en la red social X.
El alto funcionario colombiano agregó que "estos hechos enlutan a toda la región y evidencian, una vez más, la amenaza que representan los grupos armados organizados que delinquen en zonas fronterizas, que no conocen de límites ni humanidad".
"Reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo articulado y sostenido con Ecuador para garantizar la seguridad en la frontera común. No permitiremos que el crimen organizado transnacional fracture la unión o la tranquilidad de nuestros pueblos hermanos", manifestó Sánchez.
Los once militares y otra persona murieron en un enfrentamiento entre el Ejército ecuatoriano y los Comandos de la Frontera durante un operativo militar contra la minería ilegal en la Amazonía, en el sector de Alto Punino.
Esta es una zona donde han proliferado en los últimos años los campamentos de mineros ilegales de oro y que se encuentra en el límite provincial entre Napo y Orellana, una región fronteriza con Colombia.
Las víctimas pertenecen a la Brigada de Selva 19 Napo, del Ejército ecuatoriano, quienes "habrían sido atacados por el grupo delincuencial organizado Comandos de la Frontera durante una operación reservada de control minero que el Ejército ejecutaba en la zona", según las primeras indagaciones realizadas por el Ministerio Público.
El Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, grupo que surgió tras la fragmentación de la Segunda Marquetalia y del que hacen parte los Comandos de Frontera, retomaron el mes pasado los diálogos de paz que estaban en crisis por la detención en febrero en Bogotá del negociador Andrés Rojas, alias 'Araña', solicitado en extradición por EE.UU. por narcotráfico.
A finales de 2024, el Gobierno colombiano y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano acordaron una agenda de negociación que tiene que ver con transformaciones territoriales; seguridad en territorios y para comunidades; medidas y rutas de seguridad jurídica para integrantes de estructuras guerrilleras, y participación política.