En el fallo la jueza Susan Illston, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de California, ordenó al gobierno pausar los despidos masivos, así como los esfuerzos para cerrar oficinas y programas, lo cual, según la jueza, es ilegal sin la autorización del Congreso, de acuerdo con The New York Times.

"Es prerrogativa de los presidentes impulsar nuevas prioridades políticas e imprimir su sello al gobierno federal (...) Pero para realizar reformas a gran escala en las agencias federales, cualquier presidente debe contar con la ayuda de su rama coigual y socia, el Congreso”, indicó la jueza Illston en una orden de 42 páginas.

Por su parte, los sindicatos y organizaciones que respaldan la demanda argumentan que el presidente no tiene la autoridad para tomar esas decisiones sin la intervención del poder legislativo.

A principios de este año, la Administración de Trump despidió a miles de empleados en período de prueba, pero se espera que la fase actual recorte a cientos de miles de funcionarios.

A principios de abril, el Departamento de Salud y Servicios Humanos despidió a 10.000 empleados.