"Esta suspensión permitiría dar una señal positiva de voluntad política y ofrecería un marco de mayor certeza jurídica y económica durante el desarrollo de este proceso", agregó el gremio.
La decisión fue tomada tras una reunión que mantuvieron el jueves representantes de la CME con el Viceministerio de Minas y la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) con el objetivo de abordar las preocupaciones del sector frente a la reciente implementación de la tasa, con la que el Gobierno del presidente Daniel Noboa pretende recaudar 229 millones de dólares anuales para reforzar la seguridad.
Durante la reunión, el gremio minero presentó los argumentos técnicos y económicos que "demuestran que dicha tasa, en su forma actual, es inviable para un desarrollo responsable y sostenible de la actividad minera, especialmente en su etapa de exploración".
Según la Cámara de Minería, las autoridades presentes en el encuentro reconocieron los desafíos que enfrentan en materia de control y combate a la minería ilegal, así como la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales del Estado.
Además, se destacó la importancia de abrir un espacio de diálogo técnico para revisar la tasa, cuyos porcentajes varían por el número de hectáreas, entre otros factores.
Por esta razón, durante la reunión se acordó la instalación de mesas técnicas en las que participarán distintas instituciones gubernamentales y gremios mineros, y que iniciarán la próxima semana.
En estos espacios, que durarán aproximadamente un mes, se expondrán preocupaciones, se compartirán propuestas y se avanzará "hacia un análisis conjunto de la medida", señaló la CME.
"La Cámara valora el inicio del proceso de diálogo como un paso importante hacia una solución conjunta. Sin embargo, considera fundamental señalar que la tasa desupervisión y control aún se mantiene vigente, y los plazos para su aplicación continúan corriendo", indicó.
Por lo que decidió presentar la solicitud formal al Gobierno para que suspenda la aplicación de esta medida mientras avanzan las mesas de diálogo, con el objetivo de "contribuir a un ambiente propicio para la construcción de acuerdos técnicos".
El miércoles la Cámara de Minería también había expresado su temor a que la nueva tasa de fiscalización fomente la extracción ilegal de oro en un país en el que ya se habla de "narcominería".
Carolina Orozco, presidenta del directorio de la CME, aseguró que la imposición de la tasa "le quita toda competitividad, atracción y operatividad al sector", pues "en lugar de recaudar para luchar contra la extracción ilegal, lo que va a hacer es que los inversionistas mineros que estén en Ecuador se desincentiven de seguir invirtiendo aquí y, lamentablemente, elijan otros países y cierren sus operaciones".
"Cerrarle la puerta a la empresa legal es abrir la ventana de la ilegalidad de inmediato", subrayó.
Este sábado la Cámara reiteró su disposición de trabajar "de manera propositiva y técnica" junto al Gobierno "en la búsqueda de mecanismos de fiscalización que sean eficientes, proporcionales y sostenibles".