Desde Varsovia, en su primera conferencia de prensa desde que asumió el cargo hace una semana, Żurek enfatizó que hará "todo lo posible" para revertir la caótica situación que reina desde hace años en la Justicia polaca y que ha convertido los procesos judiciales "en una ficción", como consecuencia de la reforma emprendida por el anterior Gobierno ultraconservador a partir de 2015.
El ministro anunció numerosas destituciones que serán efectivas con carácter inmediato y confirmó que ya ha revocado a nueve responsables de delegaciones territoriales del Ministerio de Justicia y a 46 presidentes y vicepresidentes de tribunales en todo el país.
Además, Żurek anunció que ha pedido al Ministerio de Interior que considere la destitución de 44 jueces que fueron nombrados durante la anterior legislatura y que forman parte de los denominados "neo-jueces", unos 2.500 magistrados que fueron promocionados con procedimientos considerados irregulares e incompatibles con la independencia del poder judicial.
Asimismo, Żurek advirtió a los jueces que se han negado a aplicar legislación europea que "deberían reflexionar".
Otra de las decisiones de calado anunciadas por el ministro fue la retirada del borrador de la conocida como "ley de Estado de Derecho", un proyecto preparado en abril por su propio antecesor que preveía la liquidación de dos cámaras del Tribunal Supremo, la de Responsabilidad Profesional y la de Control Extraordinario y Asuntos Públicos, aunque no explicó el motivo de su decisión.
El ministro también se comprometió a implementar las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos para evitar costos al contribuyente polaco.
Por otra parte, el nuevo responsable polaco de Justicia rubricó la decisión de dedicar unos 50 millones de euros a un programa de digitalización de la Justicia.
La Justicia polaca ha estado en el centro de un intenso debate, marcada por las controvertidas reformas del anterior Gobierno ultraconservador de Ley y Justicia (PiS), que llevaron a una politización significativa del Tribunal Constitucional (TK) y a violaciones del Estado de derecho denunciadas tanto desde dentro del país como en la Unión Europea (UE) y de parte de instituciones internacionales.