El sindicato SCOR, mayoritario entre los trabajadores de los más de 3.000 municipios de Rumanía, anunció la medida tras el fracaso de las negociaciones con el primer ministro conservador, Ilie Bolojan.
"Con una media de 9,78 funcionarios por ayuntamiento, su número se reducirá brutalmente en un 25 %", advirtió el sindicato en un comunicado, en el que acusó al Ejecutivo de "demoler" la administración local, lo que afectará especialmente a los municipios más pequeños.
Los empleados municipales dejarán de atender al público de forma indefinida, tras siete semanas intentando persuadir al Gobierno para que modificase las medidas, que todavía deben ser aprobadas por el Parlamento.
"El Gobierno quiere echar al 25 % del personal y que un empleado trabaje la mitad de la jornada en un ayuntamiento y la otra mitad en otro. Esto implica que el ciudadano que necesite un servicio público participa en una lotería, un día encontrará a alguien en el ayuntamiento de su localidad, otro día no", resumió a EFE Dan Carlan, presidente del sindicato SCOR.
Según el ministro de Desarrollo, Cseke Attila, el plan prevé eliminar decenas de miles de puestos de trabajo en instituciones locales.
La huelga de los funcionarios se suma al malestar de jueces y fiscales, que desde el 27 de agosto solo tramitan casos urgentes en protesta por recortes que les afectan, y a las amenazas de boicot de los sindicatos de Enseñanza, contrarios al aumento de la jornada docente de 18 a 20 horas semanales.
El Ejecutivo defiende que los ajustes son necesarios para reducir el déficit, que en 2024 alcanzó el 9,3 % del PIB y fue el mayor de la Unión Europea (UE).