Fueron los propios miembros de Revuelta los que denunciaron las presuntas irregularidades cometidas por la organización, en concreto el vicepresidente de la asociación, Arturo Villarroya, y otro miembro de la Junta Directiva, Javier Esteban Bejarano.
Según publicó Villarroya en redes sociales, el pasado 5 de noviembre él y su compañero presentaron su dimisión y poco después, el 30 de noviembre, presentaron una denuncia conjunta ante la Fiscalía por una posible estafa en el destino de fondos y en el cobro de cuotas de afiliación sin derechos asociados.
La organización recaudó fondos para ayudar a los afectados por las inundaciones que el 29 de octubre de 2024 mataron a 229 personas -dos de las cuales siguen desaparecidas-, destruyeron cientos de casas y comercios y arrastraron miles de coches en la región española de Valencia.
Tanto Villarroya como Bejarano solicitaron en octubre al presidente de la organización, Jaime Hernández, sin éxito la convocatoria de una junta directiva y de una asamblea con notario para revisar la situación y decidir la liquidación ordenada de la asociación, saldando cuentas fiscales pendientes y donando cualquier remanente a los damnificados reales.
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Desde el partido ultraderechista Vox se han desligado de esta crisis en el seno de Revuelta. "Esta organización no forma parte de Vox", dijo la portavoz del partido en el Congreso español, Pepa Millán, que en rueda de prensa se negó a hacer comentarios por la denuncia ante la Fiscalía contra la asociación.
Revuelta se dio a conocer a finales de 2023 como promotora de las concentraciones ante la sede del Partido Socialista en Madrid en protesta por la ley de amnistía para los independentistas catalanes promulgada por el Gobierno de Pedro Sánchez, en unas protestas que los grupos de ultraderecha participantes bautizaron como "Noviembre Nacional".
Protestas que se repitieron a finales del pasado noviembre, en esta ocasión por presuntos casos de corrupción entre altos ex dirigentes socialistas próximos al entorno de Pedro Sánchez, en las que los manifestantes acosaron a una reportera de la Radiotelevisión pública de España (RTVE).