Tang, integrante del comité directivo desde sus inicios, ocupó la presidencia en cinco periodos consecutivos entre 2012 y septiembre de 2024 y figuraba como responsable de la firma del contrato de obras de mantenimiento de gran envergadura.
El siniestro, ocurrido el pasado 26 de noviembre, que alcanzó la categoría de alarma nivel 5 y se prolongó durante más de 43 horas, afectó a siete de los ocho bloques de 31 plantas cada uno, construidos en 1983 bajo el programa gubernamental de vivienda subsidiada. El conjunto alberga cerca de 2.000 viviendas y, según el censo de 2021, acogía a unos 4.600 habitantes.
En el momento del fuego, las torres se hallaban envueltas en andamios de bambú y mallas de protección debido a unas reformas integrales presupuestadas en 330 millones de dólares hongkoneses (42 millones de dólares, 36 millones de euros).
Análisis posteriores determinaron que parte de las redes empleadas no cumplían las normas de resistencia al fuego, junto con paneles de espuma combustibles que facilitaron la rápida extensión de las llamas, lo que desató críticas por posibles recortes en materiales e irregularidades en la adjudicación.
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El origen del proyecto se remonta a 2016, cuando las autoridades emitieron una orden obligatoria de inspección para edificaciones con más de tres décadas de antigüedad. En 2018 se abrió el proceso de ofertas; un año después, la consultora Will Power Architects ganó la supervisión inicial, detectando deficiencias estructurales que exigían intervenciones.
Para 2021, la misma entidad asumió el control de las ejecuciones, preparando pliegos en 2022 y presentando en 2023 varias opciones, con la más completa cifrada inicialmente en 300 millones.
En enero de 2024, 595 propietarios aprobaron esa variante y seleccionaron como ejecutora a Prestige Construction & Engineering Company, aunque el importe final ascendió a 330 millones, generando malestar por las cuotas individuales.
Desde principios de aquel año, algunos vecinos alertaron a la ICAC sobre presuntas anomalías. Las labores arrancaron en julio, con montaje de estructuras externas, y los moradores difundieron en redes imágenes de colillas abandonadas y riesgos incendiarios.
En septiembre se renovó el comité directivo, mientras el Departamento de Trabajo realizaba verificaciones periódicas, imponiendo sanciones por incumplimientos. La visita oficial más reciente tuvo lugar el 20 de noviembre y apenas una semana después sobrevino el incendio.
Hasta la fecha, las autoridades han practicado más de una veintena de detenciones por homicidio culposo y delitos de corrupción, incluyendo directivos de las firmas involucradas.
El jefe del Ejecutivo local, John Lee, ha señalado fallos estructurales en el sector constructivo, como conflictos de intereses y connivencias, exigiendo cambios profundos mientras prosiguen las indagaciones.