La medida fue confirmada mediante un decreto de urgencia publicado en el diario oficial El Peruano que autorizó, "de manera excepcional y por razones de necesidad pública", la reorganización de los activos de Petroperú "en uno o más bloques patrimoniales", en los cuales se puede incluir la Nueva Refinería de Talara, construida en la costa norte del país.
La norma, que tendrá vigencia de un año, estableció que se debe entender "incorporada a la citada empresa en el proceso de promoción de la inversión privada" y que la agencia estatal Proinversión determinará la modalidad aplicable, mediante un plan de promoción que debe ser aprobado en un plazo máximo de sesenta días.
La agencia ejercerá la representación de las acciones representativas, decidirá la transferencia de activos a uno o más bloques patrimoniales o fideicomisos y tomará decisiones estratégicas sobre estos y la selección de un operador especializado.
Proinversión también podrá estructurar, negociar y suscribir con la estatal Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), u otras entidades autorizadas, los contratos de fideicomiso de administración, garantía, flujos o de otro tipo, que resulten necesarios para los fines previstos en la norma.
El Gobierno remarcó que el contenido de este plan "tiene carácter vinculante" para Petroperú y que su directorio debe ejecutar los actos necesarios en un plazo máximo de cinco días hábiles de recibida la decisión respectiva, "bajo responsabilidad funcional".
En ese marco estableció que la terminación de las relaciones laborales correspondientes se sujetará a los procedimientos establecidos en la Ley de Productividad y Competitividad Laboral y otras disposiciones reguladas en las normas vigentes.
Dispuso que, sin perjuicio de esto, el directorio de Petroperú deberá aprobar en un plazo máximo de 30 días, una nueva estructura orgánica y medidas para implementar las acciones de reconversión y reducción de personal.
El decreto autorizó, además, al Ministerio de Energía y Minas a realizar transferencias hasta por 240 millones de soles (71,2 millones de dólares) a favor de Petroperú para financiar las negociaciones con acreedores, implementar mecanismos para mantener la operatividad y reducir gastos, y tomar medidas en materia de personal y reorganización interna.
El decreto fue publicado con las firmas del presidente de transición de Perú, José Jerí; el primer ministro, Ernesto Álvarez; y los ministros de Economía y Finanzas, Denisse Miralles, y de Energía y Minas, Luis Enrique Bravo.
Miralles había adelantado el pasado 28 de diciembre que el Gobierno iba a aprobar un decreto para la "reestructuración integral" de Petroperú, con la intención de "salvaguardar los activos del Estado" ante la crisis financiera que afronta la empresa.
Anticipó que entre los mecanismos que se pueden aplicar está el de Proyectos en Activos, en el que "el Estado no vende, sino que pone en valor para que un privado desarrolle, realice una inversión y le genere réditos al Estado también".
Las pérdidas acumuladas de Petroperú, empresa estatal a cargo de la exploración, refinamiento y distribución de combustibles, bordearon los 300 millones de dólares hasta julio pasado, lo que equivale a un 53 % de su capital social.