La organización denunció que grupos armados como los rebeldes del Movimiento 23 de Marzo (M23), las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) y milicias locales, así como miembros del Ejército congoleño, están utilizando la violencia sexual como "arma de guerra".
Esta situación se agrava debido a la falta de rendición de cuentas, la inseguridad constante y la escasez de servicios médicos y psicológicos para las víctimas.
"Grupos y fuerzas armadas en el este del Congo están utilizando la violencia sexual como arma de guerra. Las tasas de violencia sexual relacionada con el conflicto están aumentando, mientras que el apoyo disponible para las supervivientes ha disminuido significativamente”, señaló el investigador de la división de Crisis, Conflictos y Armas de HRW, Patrick Thompson.
La RDC depende de socios internacionales, en particular de Estados Unidos, para el suministro de medicamentos que pueden prevenir el VIH en las víctimas y los recortes de la ayuda internacional “han causado una perturbación significativa en un sistema de salud ya de por sí frágil”, lamentó Thompson.
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Entre enero y septiembre de 2025, Naciones Unidas reportó al menos 80.000 casos de violación en el este de la RDC, un aumento del 32 % respecto al mismo periodo de 2024.
Muchas víctimas no pudieron recibir atención médica inmediata ni kits posviolación (PEP, en inglés), que son esenciales para prevenir embarazos no deseados e infecciones de VIH, gonorrea, sífilis o hepatitis B.
Pero las supervivientes -la mayoría de las cuales quedaron embarazadas o contrajeron el VIH- no solo necesitan medicación, sino también apoyo psicosocial y socioeconómico, ya que la posibilidad de obtener justicia es tan baja y tiene un coste tan elevado que muchas prefieren no denunciar a sus agresores.
“Las probabilidades de éxito en el enjuiciamiento son tan bajas que ninguna de las supervivientes con las que nos reunimos intentó siquiera presentar una denuncia penal. Demasiado temerosas de volver a trabajar en las granjas o los campos, (...) a menudo quedan en la indigencia”, explicó Thompson.
Presentar una denuncia implica contratar abogados y pagar para obtener informes médicos, pruebas forenses y copias de expedientes judiciales, mientras los costos administrativos del proceso pueden ascender a 1.000 dólares por caso.
Según la organización congoleña Solidaridad Femenina para la Paz y el Desarrollo Integral (SOFEPADI), que trabaja junto a HRW, las mujeres y niñas son violadas durante ataques a aldeas, mientras trabajan en el campo y se mueven entre diferentes localidades o en secuestros con fines de esclavitud sexual.
“Nos centramos en la necesidad de buscar atención médica dentro de las 72 horas para prevenir embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual”, afirmó Elisabeth Furaha, directora médica de SOFEPADI, que ofrece atención integral gratuita 24 horas a las víctimas y sufre desafíos diarios para mantener suministros de los citados kits posviolación.
La entrega de ayuda humanitaria también se ve obstaculizada por el control territorial del M23 en gran parte de las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, con restricciones al movimiento en aeropuertos y carreteras, así como a los servicios bancarios.
HRW instó a los gobiernos de la RDC y de Ruanda, así como a socios internacionales como la Unión Europea, EE.UU., Reino Unido y el Banco Mundial, a reforzar la financiación de servicios médicos, apoyo psicosocial y reintegración de supervivientes, así como a garantizar investigaciones creíbles y el enjuiciamiento de los responsables.
La violencia en el este congoleño se intensificó el pasado diciembre, con la captura de la estratégica ciudad de Uvira, en Kivu del Sur, por parte del M23.
La ocupación ocurrió después de que los presidentes de RDC, Félix Tshisekedi, y de Ruanda, Paul Kagame, firmaran el 4 de diciembre un acuerdo de paz en Washington, con la mediación de EE.UU. y en presencia de su homólogo estadounidense, Donald Trump.
Desde entonces, ambas partes se han acusado mutuamente de violar el acuerdo.
Aunque el M23 -que tiene apoyo de Ruanda, según la ONU y varios países occidentales- anunció su retirada de Uvira a petición de EE.UU., la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) informó de que los combates continuaron en la zona.
Desde 1998, el este de la RDC vive un conflicto sostenido entre grupos rebeldes y el Ejército, pese al despliegue de la misión de paz de la ONU (MONUSCO).