El Parlamento de Portugal aprueba con votos de la ultraderecha restringir la nacionalidad

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Lisboa, 1 abr (EFE).- El Parlamento de Portugal aprobó este miércoles, con los votos de la ultraderecha, un borrador para alterar la Ley de Nacionalidad presentado por el Gobierno de centroderecha y que busca dificultar la obtención del pasaporte, después de varias idas y venidas con rechazo del Tribunal Constitucional incluido.

La propuesta, que ahora tendrá que ir al despacho del presidente del país, António José Seguro, que puede sancionarla, vetarla o enviarla al Constitucional, también elimina el otorgamiento automático de la nacionalidad a los hijos de migrantes nacidos en el país e incluye la pérdida de nacionalidad en determinados casos.

En este sentido, el Parlamento también aprobó un proyecto de alteración al código penal para incluir la pena accesoria de pérdida de nacionalidad, con los votos también de los socios de Gobierno, Chega e Iniciativa Liberal (IL).

Los partidos de izquierda votaron en contra de ambas propuestas.

En una maratónica sesión de votación, los diputados portugueses votaron una decena de enmiendas y propuestas presentadas por todas las formaciones políticas en relación a estas iniciativas legislativas del Gobierno, que poco antes anunció un acuerdo 'in extremis' con la extrema derecha para que el proyecto fuera aprobado.

El texto alterado votado este miércoles contempla que la pérdida de nacionalidad solo afecte a personas con doble pasaporte y a condenados a penas de prisión igual o superior a seis años, cuando en la propuesta inicial eran cuatro años.

Esto se aplicaría solo para delitos cometidos en los diez años siguientes a la adquisición de la nacionalidad lusa.

Otra modificación que el Ejecutivo ha incluido a instancias del Constitucional es aumentar de dos a cinco años la pena de cárcel en Portugal que bastaría para que no se pueda acceder a la ciudadanía lusa.

Entre los delitos que pueden impedir la atribución del pasaporte portugués se encuentran el terrorismo, la criminalidad violenta u organizada, delitos contra el Estado y auxilio a la inmigración ilegal, entre otros.

El Gobierno presentó por primera vez esta propuesta en junio del año pasado, cuando anunció un paquete de medidas migratorias para frenar la llegada de inmigrantes en situación irregular. Desde entonces, ya se han aprobado y promulgado la creación de una policía de fronteras y cambios a la Ley de Extranjería.