Las autoridades, a su vez, están enviando a migrantes menores de edad que están embarazadas, muchas a causa de violaciones en albergues de Texas, donde se prohíbe el aborto en la mayoría de los casos, de acuerdo con los activistas.
Las denuncias llegan en un momento en el que el Gobierno actual mantiene un número récord de migrantes en detención, con casi 70.000 personas en estos centros en el mes de febrero, según datos del centro TRAC de la Universidad de Syracuse.
Jesús González, trabajador social de la organización Florence Immigrant and Refugee Rights Project, en Arizona, aseguró en una llamada con reporteros que las mujeres embarazadas retenidas en el centro de detención Eloy, a las afueras de Tucson, no obtienen el cuidado médico necesario.
González también relató el caso de Esther, una migrante de la región central de África, que quedó en embarazo después de una violación tras un secuestro mientras esperaba en México por una cita para pedir asilo en EE.UU.
En territorio estadounidense, pasó a detención de las autoridades migratorias y durante ese periodo no recibió "ningún tipo de cuidado médico, salvo vitaminas prenatales".
Lupe Rodríguez, directora ejecutiva de la organización National Latina Institute for Reproductive Justice, por su parte, contó que a principios de este año, su organización recibió una denuncia de una migrante detenida que, pese a que tenía un embarazo de alto riesgo, no recibió cuidado médico por cuatro meses y fue forzada a "dormir en suelo y pasar hambre".
Según las propias directrices del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, el Gobierno no debería “detener ni arrestar” a personas embarazadas, en periodo de posparto o en lactancia, salvo en circunstancias excepcionales.
Sin embargo, entre enero de 2025 y febrero de este año, las autoridades detuvieron a 498 personas en estas condiciones en centros de detención para migrantes, de acuerdo con datos entregados por el Departamento de Seguridad Nacional a la senadora Patty Murray.
Yvonne Rodríguez, directora de la organización Reproductive Justice For All, hizo eco de un reporte publicado en el medio local The Texas Newsroom, donde se denuncia que el Gobierno trasladó a más de una docena de migrantes menores de edad embarazadas a un albergue al sur de Texas, donde el aborto está prohibido.
La mitad de las menores de edad, resaltó el medio local, quedaron embarazadas tras abusos sexuales.
Esta práctica, explicó Brigitte Amiri, abogada de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), representa un cambio frente a las prácticas adoptadas por el Gobierno anterior que, para cumplir con una orden judicial, buscaba colocar a las menores embarazadas en albergues donde el aborto fuera legal.
"Las jóvenes que llegan a EE.UU. en busca de seguridad deben ser tratados con respeto y dignidad, y la administración de Trump no debería politizar su atención médica", señaló Amiri en la llamada.