"Más de 838.363 nicaragüenses se vieron obligados a abandonar el país entre abril de 2018 y diciembre de 2024", reportó ese Colectivo, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en Costa Rica, en un informe en el marco del Día Mundial de las Personas Refugiadas.
Ese organismo advirtió que el exilio nicaragüense continúa siendo una de las consecuencias "más graves de la crisis de derechos humanos provocada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo" desde abril de 2018.
Por tanto, llamó a los Estados, organismos internacionales y sociedades de acogida a asumir con urgencia la protección integral de la población nicaragüense desplazada por la represión, la persecución política y el cierre de todos los espacios cívicos en Nicaragua.
En ese sentido, la ONG anotó que Costa Rica continúa concentrando gran parte de esa emergencia humanitaria. Según ACNUR, al 31 de octubre de 2025, Costa Rica acogía a 207.456 personas bajo protección internacional, de las cuales el 85 % eran originarias de Nicaragua.
"Detrás de cada solicitud de refugio hay familias separadas, personas defensoras perseguidas, excarceladas políticas bajo amenaza, periodistas forzados al destierro y bajo apatridia, liderazgos campesinos, comunitarios, estudiantiles y religiosos obligados a reconstruir sus vidas lejos de su país", reflexionó ese Colectivo.
La ONG también mencionó a los exiliados nicaragüenses que han sido asesinados o sufrido atentados en Costa Rica, como el mayor en retiro Roberto Samcam, y el activista Joao Maldonado, casos que evidencian que la protección internacional debe incluir medidas reales de seguridad, prevención, investigación y acompañamiento.
Ese organismo demandó a Costa Rica y a los países que acogen población nicaragüense refugiada a fortalecer los mecanismos de protección para personas nicaragüenses en riesgo, agilizar los procesos de refugio, regularización y documentación, garantizar el acceso efectivo a salud, educación, trabajo, vivienda y justicia.
Además, investigar con debida diligencia los ataques contra personas exiliadas, reconocer la dimensión transnacional de la persecución ejercida por la "dictadura nicaragüense" y aumentar la cooperación internacional para que los países de acogida no enfrenten solos esta crisis.
También llamaron a Acnur, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, a Naciones Unidas y a la comunidad internacional a mantener a Nicaragua como una prioridad en la agenda global de protección, refugio y derechos humanos.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de "golpistas" y "traición a la patria".