Según explicó en un comunicado el TC, los demandantes ya habían sido informados en 2021 de que se les concedería asilo en el país europeo en base a un programa de acogida humanitaria, por lo que habían viajado a Pakistán para solicitar visados en la embajada alemana.
Sin embargo, en 2025 el nuevo Gobierno canceló los programas de acogida voluntarios y declaró que las correspondientes decisiones administrativas eran inválidas, lo que afectó por lo menos a unos 640 ciudadanos afganos, cuyas solicitudes de visado fueron rechazadas.
Los demandantes acudieron a la Justicia alemana, pero un tribunal administrativo germano consideró que el Gobierno había tomado legítimamente una decisión de carácter político al revertir la acogida, una interpretación que ha sido ahora rechazada por el TC.
En su fallo, el Constitucional señaló que el Poder Ejecutivo cuenta con margen de maniobra en cuestiones como la acogida voluntaria de extranjeros, pero no puede actuar de forma arbitraria, sino ajustándose a ciertas reglas.
En el caso de los demandantes, la rescisión de una acogida ya aprobada hubiera debido producirse de manera individual, teniendo en cuenta la situación personal de cada afectado.
Ahora, el Tribunal Administrativo Superior de Berlín tendrá que examinar de nuevo el caso y decidir también sobre la obligación del Estado alemán de seguir apoyando financieramente a los demandantes durante su estancia en Pakistán hasta que su situación se resuelva de forma definitiva.
"El Gobierno no puede rescindir de forma genérica sus promesas de protección frente a afganos y afganas en situación de riesgo. Es una buena noticia para los derechos fundamentales, pero no es suficiente", comentó Mareile Dedekind, jurista de una de las ONGs que han apoyado a los demandantes.
Según la organización, están pendientes de sentencia otras 30 demandas constitucionales de personas en situaciones similares.