El llamado, encabezado por Alianza Américas, instó al secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, a prorrogar el amparo concedido a los salvadoreños en 2001, tras dos terremotos que ese año devastaron al país centroamericano.
La terminación del TPS para El Salvador dejaría a los beneficiados sin permiso de trabajo y expuestos a la deportación a unos 170.000 inmigrantes.
"Prorrogar el TPS es un acto urgente de justicia y solidaridad que puede brindar un alivio inmediato”, dijo en un comunicado Dulce Guzmán, directora de Alianza Américas.
Por su parte, Elnora Bassey, abogada de políticas de Catholic Legal Immigration Network, Inc. (CLINIC), advirtió que deportar a El Salvador a los beneficiarios del TPS puede tener "consecuencias perjudiciales" duraderas para estos inmigrantes.
La petición se une a una campaña realizada por la Alianza TPS, que ha impulsado una campaña para que se le otorgue la residencia permanente a estos inmigrantes que cada 18 meses deben pasar un chequeo del FBI.
Sin embargo, las esperanzas son reducidas debido a las órdenes impartidas contra este programa por el presidente Trump, tanto en su primera (2017-2021) como en la actual Administración.
En enero de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ordenó la cancelación del TPS para El Salvador, dando a los amparados (unos 180.000 para ese año) 18 meses para buscar otro camino para la residencia o salir del país
El programa logró mantenerse por una orden judicial, tras una demanda presentada por beneficiarios y sus hijos estadounidenses, alegando que el gobierno se basó en razones discriminatorias y racistas.
A pesar de la derrota, Trump continuó con su cruzada al regresar a la Casa Blanca eliminando el amparo de varios países, entre ellos Venezuela y Haití, que también recurrieron a los tribunales. Pero el republicano esta vez se alzó con una victoria cuando la Corte Suprema dictaminó que tenía autoridad de revocar el TPS.