La resolución del ministerio de Energía y Minas precisó que la medida comprende las actividades de hidrocarburos vinculadas al suministro de Gas Licuado de Petróleo (GLP) en las regiones de Cusco, Puno, Arequipa, Moquegua y Tacna, fronteriza con Chile.
En tal sentido, el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN) estará a cargo de evaluar y establecer las medidas transitorias necesarias para garantizar el abastecimiento, incluyendo excepciones al cumplimiento de determinados artículos de los reglamentos de comercialización y seguridad de hidrocarburos.
Esta declaratoria de emergencia fue anunciada este viernes por la presidenta peruana, Keiko Fujimori, al llegar a Arequipa para supervisar las labores de evacuación aérea de más de un centenar de personas que quedaron varadas en una carretera bloqueada por deslizamientos de lodo.
"En el recorrido hemos podido ver rocas grandes lo que va a retrasar la habilitación de la vía", dijo Fujimori a los periodistas en el lugar.
La mandataria añadió que "con la llegada del fenómeno El Niño, habilitar la antigua carretera Panamericana va a ser una prioridad para tener dos accesos" hacia el sur del país.
La emergencia en el abastecimiento de GLP, usado en industrias, uso doméstico y transporte particular, se añade a otras medidas adoptadas por el gobierno de Fujimori en los últimos días en el sector energético, como la asignación de 31 millones de dólares para financiar subsidios a transportistas de pasajeros y carga nacional para mitigar el impacto del incremento de precio de combustibles.
Fujimori anunció, hace una semana, un subsidio focalizado en el precio de los combustibles, de entre 15 y 20 %, para transportistas, incluidos mototaxistas y fluvial, como medida extraordinaria ante el incremento de los precios de diesel y gasolinas, que generó una paralización del transporte en la región selvática de Ucayali.
En un comunicado, el Ministerio de Economía y Finanzas detalló que esta medida extraordinaria es temporal, ya que regirá tres meses, y servirá para garantizar la continuidad de los servicios públicos de transporte terrestre y mitigar el impacto del incremento del costo de los combustibles sobre los pasajes, fletes y costos logísticos.