El resultado es la imposición por parte de Washington de aranceles del 50 % a unos 20.000 millones de dólares estadounidenses (unos 28.000 millones de dólares canadienses) en productos canadienses y el anuncio de Ottawa de represalias equivalentes a partir del 8 de septiembre.
Los nuevos gravámenes estadounidenses afectan a más de quinientos productos y aproximadamente a un 5 % de las exportaciones canadienses a Estados Unidos.
Entre los sectores más castigados están equipos electrónicos y eléctricos, con exportaciones afectadas por unos 4.400 millones de dólares estadounidenses, plásticos y caucho (3.200 millones), muebles (2.500 millones), maquinaria, productos químicos, papel, madera, bebidas alcohólicas y textiles.
También están incluidos productos lácteos, cerveza, vino y licores, así como artículos de papel y madera contrachapada. Los automóviles y camionetas no forman parte de esta nueva ronda de aranceles, aunque sí algunos componentes, además de motocicletas y ciclomotores.
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Pero el principal obstáculo para un acuerdo no fueron únicamente los aranceles. Según explicó el sábado el primer ministro canadiense, Mark Carney, en una alocución al país, en la que afirmó que Washington presentó el viernes cambios de última hora que Ottawa consideró incompatibles con su soberanía.
Uno de ellos, según medios locales, exigía eximir a plataformas estadounidenses como Netflix o Amazon Prime Video de las normas que las obligan a promover la visibilidad de contenidos canadienses, incluidos los producidos en francés.
Canadá consideró esa exigencia una “línea roja” porque habría otorgado a Washington influencia sobre su política cultural y digital.
Además, Carney explicó que la propuesta estadounidense habría limitado la capacidad de Canadá para negociar futuros acuerdos comerciales con terceros países, en un momento en el que Ottawa está acelerando la diversificación de sus relaciones comerciales, incluido su acercamiento económico a China.
Para el Gobierno canadiense, aceptar ese principio habría supuesto ceder parte de su autonomía para decidir con quién y en qué condiciones comercia.
Estas demandas se enmarcan en el contexto de las repetidas declaraciones de Trump en las que ha amenazado con anexar Canadá, incluso al utilizar “la fuerza económica” para conseguirlo, al calificar a los primeros ministros canadienses como “gobernadores” y al cuestionar la validez de las fronteras entre los dos países.
Washington acusa a Canadá de discriminar a los vehículos estadounidenses, mientras Ottawa intenta preservar una industria profundamente integrada a ambos lados de la frontera y evitar condiciones que reduzcan la producción canadiense o supeditar las futuras reglas de origen del T-MEC.
La cronología del conflicto se inició en marzo de 2025 con la primera ronda de aranceles; Washington gravó acero, aluminio y automóviles.
En julio de 2026, Trump anunció los nuevos aranceles del 50 % y el 18 de agosto aplazó tres días su entrada en vigor para facilitar un acuerdo.
Sin embargo, el 21 de agosto las conversaciones colapsaron y, pasada la medianoche, entraron en vigor los nuevos gravámenes. Canadá aplicará sus represalias a partir del 8 de septiembre.
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